El documento sobre la reestructuración de competencias de la Diputación de Castellón será clave en la cumbre de la FEMP

La Diputación de Castellón ya ha redactado el borrador del documento marco a partir de cuál planteará la mejora de la eficiencia de los servicios que presta a los ayuntamientos. Pero, además, este informe, anunciado ayer por Javier Moliner en la junta de gobierno celebrada en Oropesa, también será una aportación esencial para las cumbres previstas para las próximas semanas tanto en la Federación Española de Municipios y Provincias que se celebra el próximo miércoles en Valencia, como en la Generalitat junto con las otras dos diputaciones de la Comunidad Valenciana.

El propio presidente de la Diputación de Castellón ha advertido que “hay que adelgazar la totalidad de las administraciones, planteando una completa reorganización en las competencias. El problema del sobrecoste de los servicios no es imputable a ayuntamientos ni diputaciones, que aplican las leyes que otros aprueban, cuando además es obvio que las principales duplicidades son entre el Estado y las comunidades autónomas”. Es momento de definir quiénes son los mejores prestadores de servicios por recursos, por competencias, por proximidad y encargarle a cada cual lo que mejor sabe hacer. Así pues, Moliner postula a las diputaciones como garantes de la eficiencia en la gestión.

Moliner admite que “necesitamos marcar una hoja de ruta para replantear competencias. Nosotros planteamos devolver la esencia a las diputaciones, que es la clara vocación de trabajar día a día cerca de nuestros ayuntamientos. Somos quienes más cerca estamos de sus problemas”.

En este sentido, ha asegurado que “planteamos ampliar el ámbito de estudio del espíritu de Cabanes, para pasarlo del provincial al nacional. A base de trabajo, y escuchando a los alcaldes, aquí hemos conseguido, por unanimidad, eliminar el debate sobre la fusión de ayuntamientos”.

Hay que recordar que Javier Moliner puso en marcha hace ya tres meses el Grupo de Trabajo para la Eficiencia de la Diputación para optimizar la relación entre la Diputación de Castellón y los ayuntamientos de la provincia. Este grupo dirigido por el diputado de Economía y Hacienda y vicepresidente de la Diputación, Miguel Barrachina, está integrado también por el diputado José Luis Jarque, alcaldes del PP, PSOE y Bloc y técnicos de la Diputación y de ayuntamientos de la provincia para definir cuáles deben ser las competencias de las administraciones.

“Hemos elaborado un documento que trasladaremos a la Cumbre de diputaciones que tendrá lugar en Valencia donde mostramos nuestra repulsa a la fusión de municipios. Los pueblos son un bien en si mismo del que no queremos renunciar. Cuando un núcleo rural desaparece, en su lugar hay que poner brigadas de limpieza y llevar a cabo costosas tareas de vigilancia y mantenimiento que los municipios desarrollan gratuita y espontáneamente”, dice Moliner. También explica que “en este documento también planteamos una reestructuración competencial bajo la premisa de que asuma las competencias aquella administración que mejor las pueda prestar. Estas propuestas siguen la línea de optimizar las gestiones, de conseguir la mayor eficiencia posible. Defendemos el papel aglutinador de servicios al menor coste de las diputaciones”.

En el borrador del documento se recoge que como alternativa a la supresión de municipios planteada por la Unión Europea y que ya ha tenido aplicación en Grecia y se ha planteado en otros países de la Unión, la Diputación de Castellón, cree que con la asociación o agrupación de municipios, bien autónomamente, bien en torno a las diputaciones pueden obtenerse iguales o mayores beneficios.

La Diputación se muestra abiertamente contraria a la fusión o desaparición de municipios, y cree que el sostenimiento de la totalidad de núcleos de población es un bien en sí mismo, y que aporta a nuestra sociedad un incalculable valor patrimonial, ambiental, social y económico.

“Al igual que recientemente el Consejo de Europa, todos los grupos políticos de esta Diputación pensamos que no existe ninguna evidencia de que la unión de municipios permita reducir costes, y que la preservación de la totalidad de núcleos de población, singularmente los rurales, es un bien en sí mismo”, recoge el documento.

Para ello, la Diputación de Castellón propone tanto crecer competencialmente como, tal y como se refiere en el apartado anterior, reducir o evitar la presencia de la Diputación en aquellos ámbitos atribuidos con exclusividad a otras administraciones, en los cuales la gestión provincial tendría un papel subsidiario al de la Generalitat Valenciana o el Estado.

Así parece razonable que las diputaciones asuman servicios, que por razón de escala y eficiencia hallarían su marco idóneo de prestación en la provincia, estando, por otro lado, íntimamente vinculados con la garantía institucional que la Ley nos atribuye respecto de los servicios municipales obligatorios.

En cualquier caso, en su documento, la Diputación de Castellón también está abierta a plantear la reducción de alguna competencia en aras de evitar duplicidades o ineficiencias en la gestión. “No obstante, la progresiva desvinculación de la Diputación de algunas competencias sólo podría entenderse para mejorar las prestaciones que actualmente da la Diputación, por lo cual cualquier inhibición de la provincia sólo se debe producir de manera progresiva y con la absoluta garantía de que ningún castellonense quedará en peor situación que en la actualidad”, según se plantea en el borrador que está elaborando el equipo de trabajo que coordina el vicepresidente Miguel Barrachina.

“En definitiva, se trata de reformas desde el filtro de la eficiencia, sensatez y sentido común”, ha concretado Javier Moliner.

PROPUESTA DE AUMENTO DE COMPETENCIAS

1.- Asunción servicio integral de Secretaría, Intervención y Tesorería Asistencia técnica en pequeños municipios. La Diputación aporta y asume los gastos de funcionamiento de Secretario-Interventor en 35 poblaciones del interior a través del SEPAM, (Centros supramunicipales), respecto de municipios de escasa capacidad económica que ven así disminuidos sustancialmente sus gastos de funcionamiento, y que de otra manera se hallarían condenados a la inactividad.

Comprendería igualmente, en la carta de servicios, la encomienda que pueden llevar a cabo (y que ya se viene haciendo) los municipios a los servicios técnicos de la Diputación de los proyectos técnicos necesarios para su inclusión en los Planes Provinciales.

2.- Mejora y ampliación de servicios de Recaudación. La provincia tiene asumida por cesión de municipios, el servicio de Recaudación de Ingresos de derecho público de 123 municipios, con muy alto nivel de satisfacción de los pueblos, lo que sitúa dicho servicio provincial en un nivel de excelencia, hasta el extremo de ser competitivo con otros, por razón de su eficacia por referencia a la legalidad y coste inferior.

3.- Ampliación de servicios de tesorería. Supone actuar como banco bueno a los ayuntamientos a los que se anticipará la recaudación de tributos. En la actualidad la Diputación Provincial anticipa a 75 municipios 36.000.000 euros que de otro modo les sería imposible de obtener.

4.- Colaboración con los municipios en la disciplina urbanística. Al igual que se ha venido haciendo con las sanciones de tráfico y con la gestión tributaria, especialmente en su vertiente inspectora, la función de disciplina urbanística sería una materia a incorporar en esa cesión ayuntamientos-diputación. La gestión de los expedientes urbanísticos sancionadores (de restauración de legalidad, de ruina, etc) viene resultando siempre un problema en los ayuntamientos, especialmente en los más pequeños y ha derivado en numerosas ocasiones en situaciones que, por la tibieza en la aplicación de la normativa, han generado conflictos mayores.

5.- Asistencia y cooperación tanto en los procesos de selección de personal, como singularmente en los de gestión de las plantillas de Policía Local.

Los procesos de selección de personal en los ayuntamientos son gravosos en tiempo y generan bolsas de trabajo reducidas cuando lo hacen. La asunción de estos procesos por la administración provincial permitiría la creación de bolsas de trabajo numerosas y accesibles para todos los municipios además de objetivar las contrataciones.

Especialmente en los cuerpos de Policía Local podrían producirse economías de escala al cubrir bajas, aumentar plantillas en municipios que multiplican habitantes en verano o disminuirla en los que la reducen, equilibrar salarios y convenios, incluso dotar de plantilla y policías a los municipios más pequeños que siguen utilizando figuras “sucedáneas” para cubrir el servicio.

6.- Asunción completa de los servicios provinciales de emergencias y bomberos. En la actualidad el Consorcio Provincial de Bomberos recibe su financiación económica a un 50% por parte de la Diputación, un 30% por parte de la Generalitat Valenciana y un 20% por parte de los Ayuntamiento consorciados.

Dicho Consorcio incluye un menú de servicios superior al propio y específico de incendios por cuanto atiende un hueco de inactividad de las Administraciones Públicas es la atención a emergencias, o la conservación de la red viaria ante las inclemencias meteorológicas.

7.- Depuración de aguas residuales de la totalidad de la provincia. No como en la actualidad que se depura a 81 municipios menores de 5.000 habitantes, lo que supone que ahora ya se lleva a cabo una gestión de supervisión y tutela de la depuración de aguas de 83 municipios.

8.- Abastecimiento de agua potable para completar el ciclo integral del agua. La Diputación garantizará el suministro de agua potable en la totalidad de la provincia. En la actualidad la Diputación presta asistencia y garantiza el suministro siempre, en épocas de sequía, a municipios de interior a través de camiones cuba.

Dentro de la garantía por parte de la Diputación del servicio de agua potable a domicilio, y para economizar un bien escaso como son los recursos hídricos, se ha establecido un servicio de localización de fugas de agua.

9.- Limpieza y adecuación de cauces de ríos y barrancos. Dado que es razonable que la competencia siga siendo del Estado en cauces que superen el ámbito Provincial, la ejecución material de estas actuaciones habría que acercarlas competencialmente al territorio.

10.- Telecomunicaciones. Asunción de repetidores de la Generalitat Valenciana y Estado para garantizar que se lleve a cabo la dotación de equipamientos de telefonía, televisión y telemáticos. En la actualidad se financian los 151 repetidores de señal de televisión para garantizar el acceso a la televisión digital terrestre de todos los municipios de la provincia, habiendo invertido la Diputación, en repetidores en puntos geográficos donde la señal ordinaria no llegaba y posibilitando que los habitantes de dichas zonas accedan a la televisión.

La Diputación asume la financiación de 60 telecentros en cuanto a comunicación telemática e Internet, que de otro modo, los usuarios carecerían de dicha posibilidad impidiendo su acceso a las nuevas tecnologías. Asimismo se implementarán los sistemas de videoconferencias con aplicaciones sanitarias, educativas, económicas y de consulta “on line” con los servicios de la Diputación u otros.

En los aspectos de comunicaciones telemáticas se plantea, para acabar con el aislamiento de muchos núcleos de nuestra provincia el potenciar los aspectos de suministros en cuanto a electrificación rural, telefonía móvil y equipamientos de televisión y televisión digital terrestre. Se avanzaría en la misma línea de remover obstáculos para la comunicación global por Internet en promover al máximo los telecentros, para obviar el problema de puntos geográficos donde no llega la banda ancha y su uso por el público en general.

11.- Desarrollo Rural. Se considera adecuado que la Diputación de Castellón impulse firmemente la promoción turística de Interior, el mantenimiento de caminos, la ganadería y agricultura, así como la mejora de la electrificación rural, que con carácter anual se procede a la renovación del Plan de Electrificación Rural, permitiendo que la electricidad llegue a los lugares más recónditos de la provincia, que sin la actuación de la Diputación seguirían sin dicho servicio.

12.- Economía Autóctona. Asociado al punto de desarrollo rural, se encuadra este, para potenciar el desarrollo económico provincial, y que iría dirigido hacia la promoción turística de nuestros espacios de costa e interior, el desarrollo de los productos autóctonos de la ganadería y agricultura provincial, así como los productos artesanales.

13.- Central contratación. Se pretende potenciar la Central de Compras, recientemente creada, ampliando sus contenidos y su oferta a los municipios en el ámbito de los servicios obligatorios.

14.- Atención al ciudadano. Se propone asumir los servicios al ciudadano integrados en los PROP.

15.- Carreteras. Consideramos que la Provincia debe asumir las comunicaciones terrestres materializadas en la red viaria de todas carreteras, en el ámbito territorial de la Provincia, exclusión hecha de las autovías y autopistas, para lo cual debería procederse a la adecuación del actual catalogo de carreteras.