Las expropiaciones agrarias afectan a alrededor de 4.000 agricultores en la provincia de Castellón
La implantación de infraestructuras en suelo agrario suele generar la mayoría de los conflictos del sector agrícola que llegan a los tribunales, y Castellón no es una excepción. En la actualidad, se calcula que alrededor de 4.000 agricultores castellonenses están viviendo algún proceso expropiatorio, la mayoría de ellos derivados de la construcción de grandes infraestructuras. El bajo precio ofrecido por sus tierras lleva a los agricultores a iniciar un proceso que se puede postergar varios años, aunque la espera y la inversión en tiempo y dinero suele tener recompensa, ya que los precios obtenidos por metro cuadrado pueden llegar a ser sustancialmente más altos que los ofrecidos en un primer momento.
En estos largos y densos procesos, los agricultores cuentan con la ayuda de los peritos agrícolas. En este campo, los profesionales más preparados para desarrollar el papel de perito son los Ingenieros Técnicos Agrícolas, por el conocimiento que tienen del medio agrario. Por esta razón, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia y Castellón (COITAVC) va a firmar un convenio de colaboración con la Asociación de Peritos Colaboradores con la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana para mantener una atención constante en la formación y apoyo a los peritos agrícolas en beneficio último del agricultor.
“Los Ingenieros Técnicos Agrícolas son, a día de hoy, los profesionales más preparados para ejercer como peritos en el medio rural, por eso, la colaboración con la Asociación de Peritos es tan importante. Ellos tienen un gran conocimiento del peritaje en general y nosotros del sector agrario, la unión de ambas capacidades reforzará aún más la atención que ya están recibiendo los agricultores en estos procesos de peritación”, comenta Carmen Olmo, presidenta del COITAVC.
Grandes expropiaciones activas en Castellón
La provincia de Castellón experimenta de media anual unas 8 expropiaciones, de las que aproximadamente la mitad corresponden a grandes infraestructuras y pueden afectar a miles de agricultores cada una de ellas. En la actualidad hay activos en Castellón importantes procesos de expropiación, algunos desde hace años, como es el caso de la variante de Benicarló-Vinarós, que se inició en 2008. Se suman dos grandes procesos más: el AVE a Castellón, actualmente paralizado por la crisis económica, y el gaseoducto Tivissa-Paterna, que afecta a más de 2.000 parcelas en la provincia de Castellón. En este último ejemplo se da además una variante de la expropiación, que es la servidumbre. En estos casos el agricultor es indemnizado en menor medida que en una expropiación, pero esa parte de la parcela que continúa siendo suya, en la mayoría de las ocasiones no puede ser explotada, o al menos no en las mismas condiciones, con la consiguiente pérdida de rentabilidad.
Además de los casos nombrados hay otros que pronto iniciarán el proceso de expropiación, como la construcción de la A-7 en los tramos de Vilanova d’Alcolea, les Coves de Vinromà y Salzadella-Traiguera; las circunvalaciones de Ibarsos-Culla y Tírig-Traiguera; la Autovía A-68 Castellón-Aragón y el desdoblamiento de la N-340 a su paso por Castellón.
Según Olmo: “Cada vez existen marcos más estrictos que contribuyen a normalizar los conflictos derivados de las expropiaciones, de hecho, la reciente aprobación el pasado mes del Reglamento de la Ley de Suelo ayudará a regular esos procesos, pero como ningún marco legal es perfecto damos por hecho que se seguirán generando conflictos en los que los Ingenieros Técnicos Agrícolas tengamos que ofrecer el mejor servicio a nuestros representados”.
En los próximos días se firmará el convenio entre el COITAVC y la Asociación de Peritos que ya han empezado a colaborar con la organización de cursos y distintas acciones formativas y de encuentro en beneficio último de unos procesos de expropiación más justos para los agricultores.
