PP y PSOE instan al Gobierno al aplazamiento a diez años de la devolución de las liquidaciones de 2008 y 2009
En la defensa de esta propuesta el portavoz adjunto del PP en la Diputación, Miguel Barrachina, ha destacado “que el Gobierno de España es plenamente responsable de la situación de iliquidez de las cuentas de las entidades locales ya que una buena parte de su deuda consiste en la devolución por parte de estas administraciones de parte de las entregas a cuenta que en 2008 y 2009 les otorgó el Estado en el plazo máximo de cinco años. Por ser de su ámbito competencial, corresponde al Gobierno de España llevar a cabo las actuaciones inmediatas que palien el problema de iliquidez que él mismo generó por sus errores de previsión”.
El respeto a la titularidad competencial de la Comunitat Valenciana sobre la caza tradicional del parany, presentado como moción por parte del Grupo Popular, también ha protagonizado la sesión plenaria. El voto favorable del PP, tras la abstención de PSOE y Bloc, ha permitido aprobar un texto en el que se pide al gobierno central que retire de inmediato el recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante el Tribunal Constitucional, con el fin de que la temporada de caza por el método del parany transcurra con normalidad. La votación ha contado con la presencia de una treintena de asociados de APAVAL.
En el texto se recordaba que el informe del Institut Mediterraneen du Patrimoine Cynegetique et Faunistique (IMPCF) ha demostrado que el 90% de las capturas son tordos y el 10% restante de otras especies, por lo que queda demostrada su selectividad, ya que el Ministerio de Medio Ambiente admite hasta un porcentaje del 80%. Además, según los estudios realizados el 93% de las aves capturadas vuelan espontáneamente tras su liberación. Además se remarcaba que existe un agravio comparativo con otras autonomías, donde se ha legislado en materia cinegética, reconociendo la legalidad de prácticas cinegéticas que utilizan la liga para la caza de túrdidos, sin que ello fuera motivo o causa justificativa de que dichas normas legislativas hubiesen sido tachadas de inconstitucionalidad.
El vicepresidente tercero de la Diputación de Castellón, Vicent Aparici, ha sido el encargado de argumentar la moción que solicita a la Confederación Hidrográfica del Júcar que lleve a cabo de una vez las acciones pertinentes para arreglar el cauce y entorno del río con el fin de poner en valor este gran recurso natural. Una propuesta que se ha aprobado con los votos a favor del PP y las abstenciones de PSOE y Bloc. Además, el texto pedía al Ministerio de Medio Ambiente que permitan adecentar los accesos al río y limpiar el entorno por cuenta propia, ya que la Confederación prohíbe realizar acción alguna en todo el cauce y alrededores. "Queda patente la necesidad de restaurar el Mijares, lo que contribuirá tanto a recobrar su funcionamiento como ecosistema fluvial y a la recuperación de su buen estado ecológico, condición exigida por la Directiva Marco de Aguas para el año 2015, como a generar más oportunidades económicas a los municipios por lo que fluye el rió Mijares", ha destacado Vicent Aparici.
Otros puntos de la sesión han sido la declaración institucional presentada por el PSOE para exigir a la Generalitat la ejecución de todas las inversiones pendientes y la moción para la finalización de las obras del TRAM. Ambas han sido aprobadas por los votos de PP y PSOE tras la enmienda de adhesión del Grupo Popular, a la primera de ellas, y la enmienda a la totalidad en el segundo de los textos.
