El subdelegado ha mantenido sendas reuniones con representantes CEC y PYMEC sobre el ‘Plan Extraordinario del Gobierno Contra el Empleo Sumergido’
Lorenzo ha insistido en estos encuentros en la necesidad de transmitir a la sociedad el mensaje de que “la economía irregular es negativa para todos, para la gran mayoría de los empresarios, que sufren la competencia desleal de quienes incumplen; para los trabajadores, que se ven privados de sus derechos laborales y de protección social, y para el conjunto del país, porque la economía sumergida limita y dificulta el crecimiento económico al incidir negativamente sobre las cuentas públicas, en un momento como el actual, en el que es necesario aumentar el gasto en protección social”.
Por todo ello, el subdelegado ha señalado que “debemos tener tolerancia cero contra el empleo irregular”.
El nuevo Plan puesto en marcha por el Gobierno, además de una vertiente sensibilizadora, introduce un endurecimiento de las sanciones y la apertura de un periodo de regularización voluntaria del empleo sumergido que permitirá a los incumplidores evitar mayores responsabilidades sancionadoras y acogerse a determinadas ventajas.
El Plan contempla la posibilidad de que hasta el 31 de julio de 2011, los empresarios que hayan ocupado a trabajadores de forma irregular puedan regularizar esta situación solicitando su alta en la Seguridad Social en el Régimen correspondiente sin recibir sanción. Quienes se acojan a esta vía podrán beneficiarse además a las reducciones y bonificaciones que conlleve el contrato que realicen.
No obstante, Antonio Lorenzo ha advertido de que “no se trata de una amnistía porque la Inspección de Trabajo y Seguridad Social va a seguir actuando durante el periodo de regularización, sancionando a los empresarios que ocupen a trabajadores de forma irregular sin haberlos regularizado. La sanción conllevará también el abono de las cotizaciones a la Seguridad Social que correspondan desde la formalización del contrato”.
El subdelegado ha recordado por otra parte que “el Plan impulsado por el Gobierno contempla la entrada en vigor a partir del 1 de agosto de 2011 de un importante incremento de todas las sanciones que tienen que ver con el empleo no declarado”. En este capítulo, las novedades serán las siguientes:
• Se establece una sanción mínima de 3.126 euros (se quintuplica) y una máxima de 10.000 euros (se duplica) en los casos de falta de afiliación o alta de trabajadores en la Seguridad Social.
• Se aumenta la cuantía mínima de sanción de 6.251 euros a 10.001 euros para los empresarios que ocupen a trabajadores perceptores de prestaciones por desempleo o de pensiones incompatibles con el trabajo. En este supuesto, el empresario puede ser excluido por dos años (antes era sólo por uno) de todas las ayudas o bonificaciones contempladas en los programas de empleo.
Además, a partir del 1 de agosto de 2011 las empresas que contraten o subcontraten obras o servicios de su propia actividad deberán comprobar que los trabajadores de las contratas o subcontratas estén dados de alta en la Seguridad Social. Si la empresa no realiza esta comprobación, se entiende que comete una infracción grave que puede acarrear entre 626 y 6.250 euros de sanción.
A partir de la fecha mencionada, quedarán excluidas de la posibilidad de contratar con el sector público aquellas empresas que resulten sancionadas por la comisión de una infracción grave en materia de empleo no declarado.
Lorenzo ha recordado que en el conjunto de España durante los últimos 3 años el número de inspecciones a empresas ha crecido más de un 29% y el importe de los expedientes liquidatorios un 11%.
Por último, el subdelegado ha destacado que en los últimos años, el actual Gobierno ha incrementado en un 20% en el conjunto del país el número de efectivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
