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Navarro critica que el PP solo se opone al fracking en las instituciones que no tienen competencias para prohibir su uso

Navarro critica que el PP solo se opone al fracking en las instituciones que no tienen competencias para prohibir su uso
  • El senador por Castelló, Enrique Navarro, ha denunciado que los senadores y los diputados en el Congreso del PP de Castelló han legalizado con sus votos la posibilidad del uso de la fractura hidráulica en el norte de la provincia

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Navarro critica que el PP solo se opone al fracking en las instituciones que no tienen competencias para prohibir su uso - (foto 2)

El senador socialista por Castelló, Enrique Navarro, ha denunciado la continua contradicción del Partido Popular respecto a su oposición a la práctica de la fractura hidráulica, ya que “tan solo la rechaza en las instituciones que no tienen competencias para prohibir el fracking como en la Diputación y en los Ayuntamientos, y, sin embargo, lo aprueba donde sí las tiene como en las Corts Valencianes, en el Congreso de los Diputados y en el Senado”. Navarro ha recordado que “el PP utilizó, el pasado mes de octubre, la Ley de Competencia de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares en el Senado para introducir ‘por la puerta de atrás’ una posibilidad de legalización del fracking”. Asimismo, “hace tan solo unas semanas, el PP de la Comunitat Valenciana se opuso en las Corts Valencianes a una Proposición de Ley para prohibir el fracking en el norte de la provincia de Castelló”, añade Navarro.

En esta misma línea, Navarro ha lamentado que “con la Ley de Evaluación Ambiental, el Gobierno del Partido Popular legaliza el uso de esta técnica a todos los efectos, ya que se cita expresamente en el preámbulo y en el anexo 1 dentro del catálogo de actividades”. Al respecto, Navarro ha alertado de las graves consecuencias de esta ley, ya que “obliga a la administración a resolver en un máximo de cuatro meses, y se necesita un informe razonado para denegar, además de que las actividades de sondeos de investigación no requieren de autorización previa”. “Es decir, si la administración no se pronuncia (silencio positivo), pasado el plazo de los cuatro meses se autorizaría”, explica Navarro.

El senador por Castelló ha destacado que “el PSOE pidió en el Senado una moratoria a la espera del informe de la comisión de expertos y la aprobación de la reforma de la directiva europea en tramitación”. “Simplemente apelábamos así al principio de precaución, algo tan importante cuando se trata de cuestiones medioambientales, pero, evidentemente, los senadores del PP votaron en contra de nuestra propuesta y la ley fue aprobada solo con sus votos”, concluye Navarro.

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