Moliner pedirá al Supremo que apremie al Gobierno a acatar la sentencia y le obligue a contestar sobre el trasvase
Javier Moliner ha anunciado que los servicios jurídicos de la Diputación de Castellón enviarán un escrito al Tribunal Supremo para que apremie al Gobierno a acatar la sentencia que le obliga a contestar a la petición de un trasvase de agua a la provincia. El presidente de la Diputación ha anunciado esta medida de presión después de que el Ejecutivo socialista “se haya negado públicamente a acatar la sentencia del Supremo, después de que haya pasado el plazo legal de dos meses”.
El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha calificado de “inaceptables” las declaraciones realizadas ayer por el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu en las que anunció ayer que “el futuro Gobierno será quien deberá tomar la decisión de dar luz verde o no al minitrasvase de 90 hectómetros cúbicos de agua del Ebro que reclama la Diputación de Castellón”.
“Es inaceptable que los socialistas de Castellón, con Ximo Puig a la cabeza, hagan de anfitriones a personas que lo único que quieren es desprestigiar a Castellón. Creo que es inaudito que esos dirigentes den cobijo a quienes solo nos quieren para insultarnos y descalificarnos. Que a estas alturas el señor crea que la decisión del minitrasvase le corresponde al futuro gobierno no hace sino constatar lo que ya se apreció en el debate televisivo del candidato Rubalcaba: que el PSOE renuncia a la presidencia del gobierno y solo opta a la candidatura de jefe de la oposición. España ha estado durante los últimos 6 meses con un gobierno interino e incapaz de tomar ninguna decisión ni de resolver los problemas que afectan a España. Las elecciones que se van a celebrar el próximo 20 de noviembre no deberían de haberse celebrado ahora, sino mucho antes”.
Moliner asegura que “esta declaración es, como ya denuncié hace diez días, la demostración más clara de que el Gobierno no solo ningunea a las instituciones públicas que no controla, sino que, además, no tiene reparo en admitir públicamente que se declara en rebeldía con el Supremo, el Alto Tribunal de la Justicia en España”, ha criticado el presidente de la Diputación.
Lo cierto es que la sentencia del Tribunal Supremo es del 22 de junio de 2011 y se notificó a la Diputación de Castellón el 7 de julio. Mediante diligencia de ordenación de 27 de julio, el Supremo dictó su firmeza y remitió testimonio de la sentencia a la Administración del Estado para su cumplimiento.
Desde esta fecha, el Gobierno tenía dos meses para contestar a la Diputación, que caducó el 27 de septiembre. Así está establecido en el artículo 104 LJCA, que señala que transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia (en este caso, dos meses desde que el TS comunica la firmeza de la sentencia a la Administración del estado), cualquiera de las partes o personas afectadas puede instar su ejecución forzosa.
En este sentido, Moliner lamenta “la dejadez y la falta de respeto a la Justicia por parte del presidente Zapatero. No tiene excusa, porque una diligencia de ordenación del pasado 6 de septiembre, oficialmente se tiene por recibido oficio de la Administración del Estado, acusando recibo el Gobierno. No tiene excusa, simplemente se niega a negociar y, encima, ahora el secretario de Estado se mofa, diciendo que será el próximo Gobierno el que responda”.
Hay que recordar que la petición de la Diputación es para que la provincia pueda disponer de cerca de 90 hectómetros cúbicos de agua de los sobrantes del Ebro, unos 600 hectómetros anuales. El conflicto judicial generado por el Ejecutivo socialista ya acumula seis años y medio, desde abril de 2005. La institución provincial aprobó en el pleno de septiembre, con los votos a favor del PP y Bloc y la abstención del PSPV, una moción por la que se solicitaba al Gobierno Central un minitrasvase del río Ebro a la provincia, lo que supone el 15 % de los excedentes que el Ebro vierte al mar en base a la aportación de sus afluentes.
“Si mantenemos esta reclamación de otros soportes hídricos es porque los necesitamos, como se ha demostrado históricamente”, ya ha reiterado Moliner en varias ocasiones. En este sentido, solo se solicita parte de los excedentes que se van a mar, siempre que se hayan atendido las necesidades dentro de la propia cuenca, de la que forma parte la provincia de Castellón.
El presidente de la Diputación, como ya dijo hace dos meses, no renuncia “a ninguna de las posibilidades de suministro hídrico de la provincia”, en referencia a la construcción, aún sin terminar, de desaladoras, o la mejora de los sistemas de almacenamiento de agua. “Pero, para colmo de la negligencia socialista, las obras del embalse de Arenós, nuestro principal garante de reservas hídricas, lleva más de cinco años de retrasos a pesar de que el propio Gobierno socialista declaró su ejecución con carácter de urgencia. Con tanta diligencia ante las urgencias están llevando a la ruina a este país y a Castellón”, ha denunciado Moliner.
