El Grupo de Trabajo para la Eficiencia de la Diputación propone asumir competencias municipales sobre policía local y urbanismo
Moliner ya está trabajando, junto con alcaldes de PP, PSOE y Bloc, en un catálogo de servicios para municipios de menos de 20.000 habitantes
El presidente de la Diputación de Castellón ha dado un paso más para mejorar los servicios que la institución provincial está prestando ya a los ayuntamientos castellonenses. Este viernes presidió la reunión celebrada por el Grupo de Trabajo para la Eficiencia de la Diputación, en la que se han dado nuevos pasos en la línea del anteproyecto de la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local, que está elaborando el Gobierno, y cuyo anteproyecto fue aprobado ayer, asumiendo la mayor parte de las propuestas de Javier Moliner, que ahora también propone asumir competencias relativas a las policías locales y al urbanismo.
Este equipo de trabajo, en el que se encuentran representantes políticos de la Diputación y de alcaldes del PP, del PSOE y del Bloc, además de técnicos provinciales y municipales, se ha congratulado de la confirmación de que ni se vaya a suprimir, ni fusionar forzosamente, ningún ayuntamiento de la provincia. Era una premisa fundamental para todos los grupos representados la preservación de la identidad y personalidad de los 135 ayuntamientos.
Además, el presidente de la Diputación mostró su satisfacción porque en este nuevo panorama de reformas, no sólo no asume nadie representativo la desaparición de las diputaciones, sino que, además, se refuerza su papel como instrumento imprescindible de ahorro y prestación de servicios de calidad para los municipios. Como ya ha dicho Moliner, “se trata de que cada administración asuma las competencias que puede prestar de forma más eficiente y más barata. Y, en el caso de los ayuntamientos pequeños, el que mejor puede prestarlas es la Diputación”.
Una vez logrado el primer objetivo de este grupo nacido en la Cumbre de Cabanes, de participar en el debate previo de la restructuración de competencias municipales que llegara la próxima semana al Congreso de los Diputados, pretende abrirse y mejorar aún más la relación entre Diputación y ayuntamientos. En esa línea va el encargo que hizo Moliner hace dos semanas a Miguel Barrachina, responsable de este grupo de trabajo, de concretar un catálogo de servicios que la Diputación debería prestar a todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son los que el Gobierno ha pedido que asuman las diputaciones.
“Debemos seguir llevando la iniciativa en esta materia, porque cuanto antes avancemos en este catálogo, antes estaremos en condiciones de facilitar a los ayuntamientos los nuevos servicios que nos encargue el Gobierno”, ha explicado Moliner tras la reunión. Así, hay que recordar que el proyecto que está elaborando el Gobierno, y que ayer se trató en el Consejo de Ministros, es casi coincidente al cien por cien con las propuestas que el Grupo de Trabajo para la Eficiencia de la Diputación envió a la Federación Española de Municipios y Provincias.
De todas formas, la Diputación sigue definiendo este catálogo de servicios que deberá prestar a los municipios, y entre las conclusiones de la reunión de este viernes figura la propuesta de que en el proceso de debate de esta ley se otorgue a las diputaciones una mayor implicación en el ámbito de la selección y constitución de cuerpos de policía local compartidos entre municipios.
Además, también propone traspasar a las diputaciones competencias sancionadoras en materia urbanística, especialmente en lo que se refiere a su capacidad ejecutiva a la hora de hacer cumplir la ley en cuanto a la restitución de la legalidad incluida la demolición, enormemente compleja en el ámbito municipal. Hay que tener en cuenta que los ayuntamientos pequeños raramente son capaces de ejecutar en la práctica medidas como consecuencia de los incumplimientos de la ley, como son derribos de viviendas. Sucede lo mismo que en el servicio ejecutivo del cobro de multas, que la mayoría de los ayuntamientos está traspasando a la Diputación para no tener que enfrentarse a sus vecinos.
Hay que recordar que Javier Moliner puso en marcha hace ya seis meses el Grupo de Trabajo para la Eficiencia de la Diputación para optimizar la relación entre la Diputación de Castellón y los ayuntamientos de la provincia. Este grupo dirigido por el diputado de Economía y Hacienda y vicepresidente de la Diputación, Miguel Barrachina, está integrado también por el diputado José Luis Jarque, alcaldes del PP, PSOE y Bloc y técnicos de la Diputación y de ayuntamientos de la provincia para definir cuáles deben ser las competencias de las administraciones.
La Diputación se muestra abiertamente contraria a la fusión o desaparición de municipios, y cree que el sostenimiento de la totalidad de núcleos de población es un bien en sí mismo, y que aporta a nuestra sociedad un incalculable valor patrimonial, ambiental, social y económico. “Todos los grupos políticos de esta Diputación pensamos que no existe ninguna evidencia de que la unión de municipios permita reducir costes, y que la preservación de la totalidad de núcleos de población, singularmente los rurales, es un bien en sí mismo”, recoge el documento.
