11 de abril de 2021 11/4/21

La Diputación propondrá que no se reabra el Castor si los expertos no dan plenas garantías de seguridad

La Diputación propondrá que no se reabra el Castor si los expertos no dan plenas garantías de seguridad - (foto 1)

    La Diputación de Castellón propondrá en el próximo pleno ordinario del mes de octubre que se investiguen en profundidad las consecuencias que pueda acarrear la actividad del proyecto Castor sobre el territorio del norte de la provincia de Castellón y exigirá que no se retome la actividad si los expertos que están analizando el problema no dan plenas garantías de que no hay peligro para la población.

    Así lo ha anunciado el portavoz del Grupo Popular en la institución provincial, Miguel Barrachina, al asegurar que “lo primero es la seguridad de las personas, ningún proyecto puede ponerla en peligro aunque genere beneficios”. En esta línea, ha explicado que “estamos del lado de los vecinos que, lógicamente, han expresado su preocupación ante los más de 300 seísmos que se han producido en los últimos días, especialmente tras saber que hay una relación directa entre los seísmos y la inyección de gas frente a la costa del Maestrat, y que el informe de impacto ambiental no tenía ningún condicionamiento sobre problemas sísmicos”.

    Barrachina ha señalado que “en el texto que llevaremos al pleno se incluirá además la posibilidad de exigir responsabilidades legales a los ministros responsables de la tramitación y las autorizaciones, así como a la empresa, si las inspecciones ahora en marcha confirman que no se daban las garantías suficientes para la autorización del Gobierno en 2010. Confío en que todos los grupos de la Diputación apoyen esta propuesta que pretende salvaguardar la seguridad de los miles de vecinos afectados por los seísmos”.

    La Fiscalía investigará también si hay responsabilidad penal

    La Fiscalía de Castellón ha reforzado hoy el anuncio de Javier Moliner, presidente de la Diputación de Castellón, que ayer aseguró que denunciará a los ex ministros socialistas Narbona, Espinosa, Sebastián y Clos si los expertos determinan que hubo negligencia en el proceso de tramitación y adjudicación del Castor. Así, la Fiscalía ha acordado incoar diligencias de investigación penal con el objeto de esclarecer las causas de los movimientos sísmicos que se están produciendo en los últimos días en la zona norte de la costa de la provincia.

    Cabe señalar que el procedimiento administrativo que llevó a la concesión de la licencia para el almacenamiento subterráneo frente al litoral de Vinaròs, que era de competencia exclusiva del Gobierno de España, fue iniciado en 2007, bajo la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y con los ministros Joan Clos y Cristina Narbona al frente de las carteras de Industria y Medio Ambiente respectivamente. Las primeras concesiones y licencias llegaron con el visto bueno del ministro de Industria, Miguel Sebastián, y de Medio Ambiente, Elena Espinosa, desde el 16 de mayo de 2008 hasta el 10 de junio de 2010, también bajo el Gobierno del presidente socialista Rodríguez Zapatero.

    Todo este proceso administrativo impulsado desde el Gobierno fue auspiciado con el reiterado apoyo y visto bueno de la Subdelegación del Gobierno, bajo la dirección de Antonio Lorenzo, y con el apoyo decidido del Ayuntamiento de Vinaròs, gobernado también por el socialista Jordi Romeu, elegido por el tripartito conformado por PSOE, PVI y Bloc.

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