El Decano, Antonio Esteban, urge una reforma legal para hacer frente al problema de los desahucios
El salón de actos de la Ciudad de la Justicia de Castellón ha acogido esta mañana la promesa o juramento de 46 nuevos abogados ante el Decano y Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Abogados de Castellón. Además, los alumnos de la 15ª Promoción de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón han recibido sus diplomas de la mano del Decano, Antonio Esteban.
El decano ha agradecido a la Universitat Jaume I, y en particular a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas por su implicación en la puesta en marcha del Máster que cuenta ya la 2ª edición. También ha agradecido a los profesores que han asumido la carga docente y la tutoría de las prácticas.
A los nuevos abogados les ha señalado que se incorporan a la profesión “en un momento en que se anuncian o/y están en marcha reformas legales, de enorme calado, que afectarán profundamente a vuestro ejercicio profesional e incluso al funcionamiento de los propios Colegios de Abogados, todo ello en un escenario que seguirá siendo, a medio plazo, difícil y socialmente dramático”, un año más les ha advertido de las consecuencias de la crisis económica y de las consecuencias que van a tener en su profesión, en este sentido ha destacado que “ha venido golpeando, en estos años, con extrema dureza, a sectores cada vez más amplios de la población, laminando de hecho a las propias clases medias. Se dice que estamos saliendo de la fase recesiva”.
Una de las consecuencias de esta crisis ha afirmado “es la pérdida de sus viviendas habituales, como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias promovidas por las Entidades Financieras, a cuyos préstamos no han podido hacer frente. Se promovieron iniciativas legales para hacer frente a dicha dramática situación, pero han sido ineficaces e insuficientes. No se ha abordado seriamente solución alguna a las insolvencias de las familias, que, cautivas de su desgracia, no pueden rehacer sus vidas y ni tan siquiera volver a empezar desde cero, aun cuando pierdan todo su patrimonio”.
El Decano ha hecho también una mención a la situación de los emprendedores, y ha recordado que “con la Ley 14/2013, de 27 de Septiembre, de Apoyo a los Emprendedores, se ha pretendido dar un tratamiento a las deudas de los empresarios personas naturales, incluidos los trabajadores autónomos, pero, como inevitablemente ocurre cuando el legislador ignora o prescinde de la realidad social que pretende regular, nada resolverá, pues de nada sirve, ya que los requisitos fijados, para la condonación de las deudas no satisfechas con la liquidación de los patrimonios de todos ellos, también en el caso de los deudores no empresarios, serán con carácter general de imposible cumplimiento, por lo que seguirán, de por vida, unos y otros, con el peso de las deudas no satisfechas”.
El decano ha explicado que ante la situación de desamparo en la que se encuentra la población “el Colegio de Abogados de Castellón, por compromiso con la ciudadanía y sentido de la responsabilidad social, estableció y mantiene, en los Municipios de Castellón, Villarreal, Burriana, Benicarló y Vinaròs, mediante los correspondientes Convenios con sus Ayuntamientos y con la Diputación Provincial, un servicio para asesoramiento a los ciudadanos, que no pueden hacer frente a los préstamos garantizados con hipoteca sobre su vivienda habitual, y de Mediación ante las Entidades Acreedoras, en orden al encauzamiento y solución extrajudicial de sus problemas, con independencia de su posible atención, en sede judicial, a través del Servicio de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita. En menos de un año de funcionamiento promedio, el Servicio ha atendido a más de 1.000 ciudadanos y conseguido soluciones para muchos de ellos” y se ha mostrado muy satisfecho del servicio que se está prestando en beneficio de los ciudadanos necesitados, al menos por poner a su disposición la información, el asesoramiento, y la gestión profesional que no disponían sin coste alguno. En este sentido ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos implicados y de la Diputación Provincial de Castellón.
El Decano también ha recordado la responsabilidad de los bancos y las cajas que “se dedicaron además, a colocar masivamente, entre los clientes, en su gran mayoría entre personas mayores, sin estudios ni formación o conocimientos en la materia, productos financieros complejos, como participaciones preferentes, obligaciones subordinadas y otros, de cuya naturaleza y riesgos no se les informó debidamente o/y en todo caso no pudieron ni estaban en condiciones de entender y valorar, situándoles en el trance de perder en gran medida o/y en todo caso no poder disponer libremente, como se les aseguró, de sus ahorros, precisamente en las actuales circunstancias, cuando más los necesitaban, ellos y sus familias, en un lamentable espectáculo que ha dejado perplejo al país”.
Los abogados, según Esteban, han estado “totalmente entregados a la defensa de sus derechos e intereses y con unos Jueces independientes, cuya respuesta a los conflictos sometidos a su conocimiento, ha estado a la altura de las circunstancias, ganándose todos ellos la más alta valoración por parte de la ciudadanía”.
Ante la gravedad de estos problemas, el Decano ha puesto de manifiesto las carencias estructurales, organizativas, tecnológicas y presupuestarias que arrastra la justicia desde siempre, que afecta además a los tiempos de respuesta de la justicia cuyas consecuencias son devastadoras. Además ha responsabilizado a los poderes públicos por no compartir dicha filosofía y por limitarse a legislar “según sus particulares criterios, políticamente legítimos, pero no por ello acertados, sin buscar o encontrar consenso alguno”.
En cuanto al nuevo Anteproyecto de Ley de Colegios Profesionales aprobada el pasado agosto por el Consejo de Ministros, la lamentado que “pudo ser una oportunidad para modernizar entre todos un sector que, como reconoció el propio Ministro de Economía y Competitividad, funciona bien, crea riqueza y proporciona empleo de calidad, por encima de otros sectores productivos, incluso en la crisis, generando cerca del 9% del P.I.B., y en torno al 6% del empleo total, con el 30% del empleo universitario. Lo lógico es que, si había de afrontarse su reforma, se realizara de acuerdo con quienes han demostrado ser eficaces, para mejorar lo que funciona bien y solucionar problemas, no para crearlos, todo ello con el mayor consenso y sin precipitaciones ni urgencias inexistentes, pero desgraciadamente no ha sido así”.
Respecto a los nuevos retos profesionales que van a afrontar los nuevos abogados, les ha instado a que a su capacitación técnica, acompañen un comportamiento honrado, veraz, leal y diligente, a la altura de la confianza que se deposita en ellos.
