Compromís expone que la Generalitat Catalana pidió en 2008 estudios sísmicos, mientras que no consta que el Consell se preocupara
El coportavoz de Compromís en las comarcas de Castelló, Carles Mulet, ha hecho público hoy un informe que el departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya, remitió en octubre de 2008, a la subdelegación de Gobierno Central en Castelló, sobre el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Castor, repleto de consideraciones ambientales, donde advertían de la proximidad de la zona húmeda de la desembocadura del río Sènia, de las LICS y ZEPAS de la serra del Montsia, y Delta de l’Ebre, o alertaban del posible efecto de contaminación acústica i atmosférica, del Parque Natural del Delta de l’ Ebre o la Reserva Natural de la Punta de la Banya .
La Generalitat Catalana advertía sobre la necesidad de evaluar y corregir detalladamente ciertos aspectos; cambio de ubicación de las instalaciones ubicadas en tierra (planta y helipuerto), minimización contaminación acústica, atmosférica y lumínica, estudio de integración paisagística, medidas de seguridad para evitar derrames de combustible y químicos al mar, e valuación impacto sobre el sector pesquero y turístico..etc y conveniencia de solicitar al Instituto Geológico de Catalunya informe en relaciona con los aspectos asociados a esta actuación, o lo que es lo mismo, pedir informes sobre los efectos sísmicos del proyecto.
Segun Mulet, no consta en ninguna respuesta parlamentaria ni exposición de los trámites hechos por el Consell de la Generalitat Valenciana, que se exigiera por parte de la administración valenciana un cumplimiento ambiental estricto como sí había hecho su homóloga catalana.
El portavoz ecosocialista ha recordado como en 2008, únicamente Iniciativa del Poble Valencià presentó alegaciones al proyecto, y que el Consell, cuando desde el Grupo Parlamentario de Compromís se le exigió un posicionamiento crítico al respecto, se inhibió de alegar ni exigir cumplimientos ambientales, alegando que el proyecto necesitaba de autorización de la administración del Estado, por lo que le correspondería a esta administración la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental, por lo que se dedicaba a pasar a esta administración.
La petición de Catalunya se ve no sirvió para que la administración central hiciera caso sobre el estudio del riesgo sísmico, pero pone en evidencia la connivencia de la administración valenciana que no hizo lo mismo que la catalana, a pesar de que todas las instalaciones ahora objeto de la polémica, está en territorio valenciano.
