Altava: “la comisión de Justicia y Libertades Públicas ofrecerá soluciones alternativas”

Manuel Altava ha realizado estas declaraciones en la constitución de la comisión provincial de Justicia y Libertades Públicas, de la que será el coordinador. En el acto ha estado acompañado por el adjunto a la presidencia del PP de Castellón, Javier Moliner, la secretaria provincial, Marisol Linares, así como el conseller de Gobernación, Serafín Castellano y la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León.

Altava ha destacado que esta comisión estará formada por 27 personas, aunque ha destacado que “se trata de un número abierto”, y está formada por distintos profesionales, la mayoría no afiliados al Partido Popular, del sector de la Justicia y la Seguridad, para poder tratar “el día a día de la administración de Justicia y sus distintos aspectos”, para lo que se dividirán en 8 grupos, entre los que destacan el de la Oficina Judicial, el de Violencia Social –contra la mujer, los menores o los mayores–, Seguridad Ciudadana o Estudio del Código Penal.

El senador popular ha explicado que “la comisión provincial buscará ideas concretas para mejorar la Justicia” y, en este sentido “abordará la necesaria modernización de la Justicia”, además de que abogará por la completa aplicación del derecho foral valenciano y conocer las distintas problemáticas de los colectivos de magistrados, abogados, procuradores, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “para poder abordarlas con sus protagonistas”.

Altava ha destacado, por otro lado, que la comisión creará una mesa redonda para tratar la posible modificación de la Ley Hipotecaria, ya que ha explicado que, en la actualidad, existen más de 900.000 viviendas sin dueño y, por otro lado, abordar el problema de que muchas familias no pueden pagar sus hipotecas debido a que el valor de sus inmuebles no alcanza el valor de tasación.

Por otro lado, el senador ha destacado que “la comisión también tratará asuntos más generales en materia de justicia, para propiciar mociones que modifiquen algunos temas legales, como la citada Ley Hipotecaria, la de Enjuiciamiento Criminal o la Responsabilidad Penal de los menores. De este modo, se podrán presentar mociones tanto en las cortes valencianas como en las Cortes Generales”.

Finalmente, Altava se ha referido a la necesaria modificación de la Ley de Demarcación y Planta para poder crear un Partido Judicial en la comarca de Albocàsser que atienda a las necesidades del nuevo Centro Penitenciario de Castellón II, en la localidad.

En este sentido, el senador ha recordado que la Cámara Alta ya presentó un escrito al presidente del Gobienro, José Luis Rodríguez Zapatero, instándole a la creación de este Partido Judicial.

El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha exigido al Gobierno central la construcción de las comisarías de la Policía Nacional en los municipios castellonenses de Burriana y La Vall d’Uixó, “ambas, localidades con más de 30.000 habitantes y que, según las promesas que hizo el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero en 2004, hace ya casi cinco años, deberían contar con comisarías para este cuerpo para un mayor bienestar y tranquilidad de los ciudadanos”.

Castellano ha reiterado que para el PPCV “la seguridad es una cuestión esencial porque una sociedad de bienestar, abierta y próspera como la valenciana, tiene que ser también una sociedad segura en la que los derechos y libertades de todos los ciudadanos puedan ser ejercidas sin obstáculos y con la protección de los poderes públicos”, ha concluido Castellano.

Serafín Castellano ha denunciado que, según el informe de la Secretaría de Estado de Seguridad, en Castellón hay un total de 30 casas-cuartel de la Guardia Civil que se encuentran en mal estado, como los de Benassal, Albocàsser, Artana, Moncofa o Alcossebre.

En este sentido, el conseller de Gobernación ha reiterado la falta de compromiso del Gobierno central con la Comunitat Valenciana en materia de Seguridad y ha solicitado el cumplimiento de sus promesas “para que de una vez por todas la Comunitat abandone los primeros puestos de las comunidades con mayor tasa de criminalidad, mientras que somos los últimos en ratio de efectivos en fuerzas y cuerpos de seguridad por habitantes”.

La Comunitat cuenta con una ratio de 2,09 efectivos de las FCSE por cada 1.000 habitantes (10.713 efectivos), mientras que la media nacional se sitúa en 2,72, “por lo que nos relega al cuarto puesto entre las comunidades autónomas con peor ratio de España. Desde el PP exigimos al Gobierno que, como mínimo, iguale nuestra ratio de efectivos a la media nacional”, ha subrayado Castellano.

Serafín Castellano también ha recordado que sigue pendiente que se reactive la Comisión Mixta Estado-Generalitat en materia de Seguridad, “que se encuentra en punto muerto desde noviembre de 2007 para que se desbloqueen cuestiones que hay sobre la mesa y sobre las que todavía no hemos obtenido una respuestacomo es el convenio para la cofinanciación de infraestructuras policiales, las nuevas competencias de la Policía de la Generalitat, o el acuerdo para la integración de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el 112 Comunitat Valenciana y que está pendiente desde hace un año, entre otros asuntos”.

Por último, ha indicado que “todas estas cuestiones son necesarias abordarlas con responsabilidad y, en este sentido, el Consell, ofrece toda la colaboración y lealtad al Gobierno, aunque entendemos que resulta difícil cumplir estos objetivos, cuando el gobierno socialista no invierte ni hace el esfuerzo suficiente para que estas cifras de criminalidad y seguridad en la Comunitat Valenciana mejoren”.

Por su parte, la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, ha indicado que la situación de la Justicia en la Comunitat Valenciana hace que la Generalitat “se encuentre impedida de poder paliar con medidas concretas la situación de sobrecarga que la crisis económica ha generado en los juzgados de la Comunitat, y ha reclamado al gobierno “más sensibilidad” con los problemas que afectan a los cinco millones de ciudadanos de la autonomía”.

De esta forma, la consellera ha indicado que “de lo que se trata en estas comisiones es el traslado por parte de los profesionales y ciudadanos de las materias que a cada uno nos afecta para no despegarnos de la realidad que a cada uno nos afecta”. Así, en materia de Justicia, Sánchez de León ha indicado que hay cinco áreas “fundamentales que nos reclama la ciudadanía”, como es el caso de la modernización de la Justicia, donde la comisión “puede ser un apoyo fundamental”, por las características profesionales de las personas que la componen.

Otra de las materias fundamentales es el nuevo modelo de oficina judicial, modelo que el Estado “está pivotando y que las comunidades autónomas tenemos que aplicar”. En tercer lugar, la consellera ha destacado la financiación. “Creo que es importantísimo –ha aseverado- que se aborde con seriedad y con rigor la financiación de la Justicia en la Comunitat Valenciana”, ya que “somos un millón de personas más y la crisis y el aumento de población han incrementado la ligitiosidad”, motivo por el que “vamos a reclamar al nuevo ministro, cuando tengamos la oportunidad de reunirnos con él, un trato igualitario al de otras comunidades”.

Además, Paula Sánchez de León ha abordado la cuestión de la reforma de la planta judicial y la demarcación en la provincia de Castellón, que “debe ser inminente”, ya que el Senado ya aprobó la creación del partido judicial de Albocàsser tras la puesta en marcha de la cárcel de esta localidad y “todavía no se ha creado”. La consellera también se ha mostrado a favor de revisar los partidos judiciales de Vila-Real y Nules.

“Venimos exigiendo también al Ministerio –ha proseguido la consellera Sánchez de León- que se nos transfieran las competencias en cuanto a la creación de nuevos juzgados porque creemos que somos nosotros los que mejor conocemos la realidad socioeconómica y demográfica de nuestra Comunitat”, sobre todo si se tiene en cuenta “que la Generalitat asume el 80% del coste de los nuevos juzgados”.

Por último, la consellera ha reivindicado la necesidad de un incremento cuantitativo del número de juzgados, con la creación de cien unidades judiciales en toda la legislatura, es decir, 25 juzgados anuales. “Este año se nos han concedido sólo 23 y se nos ha comunicado que éstos nuevos juzgados entrarían en funcionamiento el 31 de diciembre de 2009, en vez de periodificarse a lo largo del año”.