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La UFP alerta que el cese de policías del Aeropuerto de Castellón vulnera el Reglamento Europeo

La UFP alerta que el cese de policías del Aeropuerto de Castellón vulnera el Reglamento Europeo

    La Unión Federal de Policía de la Comunidad Valenciana (UFP), el sindicato policial con mayor representación en la Comunidad y uno de los más numerosos de España, ha denunciado que cese de los policías en atribuciones temporales del Aeropuerto de Castellón vulnera la normativa europea y se produce “inexplicablemente” en el momento de mayor tráfico aéreo ya que actualmente hay programados numerosos vuelos semanales.

    Así, el sindicato ha explicado que sólo en el mes de septiembre hay programados todas las semanas vuelos de llegada y salida a ciudades como Londres o Bristol tanto entre semana como durante el fin de semana a lo que se añade los vuelos derivados de la Liga Nacional de Futbol y los vuelos privados. Una realidad que “desmonta” y “deja sin argumentos una decisión tomada de forma arbitraria”.

    En este sentido, el sindicato ha denunciado que esta decisión vulnera el Reglamento Europeo y del Cuerpo Nacional de Policía ya que desde que se habilitase al Aeropuerto de Castellón como puesto fronterizo (Orden PRE/2506/2010, de 23 de septiembre), y se declarara Frontera Exterior Schengen, quedó sujeto al Reglamento 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras Schengen.

    Dicha competencia es de aplicación exclusiva por miembros del Cuerpo Nacional de Policía (artículo 12 de la L.O. 2 /86 de 13 de marzo), según la cual es de su responsabilidad “el control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros”.

    Es por ello, por lo que se destinaron seis policías nacionales al mando de una subinspectora, ya que para la aplicación del Reglamento Europeo en su artículo 14, se obliga a los estados miembros a disponer “de personal y medios adecuados y en número suficiente para ejercer el control de fronteras exteriores”.

    En este sentido, el sindicato sostiene que con la decisión de eliminar el dispositivo de policías nacionales, no se quiere asumir la responsabilidad que el Cuerpo Nacional de Policía tiene “en el control en las entradas y salidas de nuestro territorio nacional, independientemente del número de vuelos y de personas que lo realicen”.

    Por ello, la UFP-CV apela “al sentido común” de la Dirección General de Policía para que valore la decisión tomada en base al informe emitido desde la Comisaría Provincial de Castellón porque al parecer “no ha debido ser bien informada”.

    Sobrecarga y sobrecoste

    Así, ha señalado que para tomar la decisión de eliminar la plantilla del aeropuerto “se obvia a la opinión pública que se va a sobrecargar la plantilla de Castellón al tener que comisionar policías destinados en la Brigada Provincial de Fronteras y Extranjerías, obligándoles a desplazarse 80 kilómetros, provocando la merma y sobrecarga del personal”.

    Al respecto ha alertado que esta decisión también tendrá un alto coste económico para el Estado ya que “no se ha cuantificado el gasto que supondrá desplazar en vehículo oficial a los agentes cada vez que haya que cubrir un vuelo”.

    En este sentido, ha indicado que el hecho de tener destacados a los policías nacionales en dicha “estructura estratégica”, beneficia no solo la imagen de la Comisaria Provincial de Castellón, la cual es la referente frente al Aeropuerto, sino que garantiza la seguridad en dicha infraestructura, da una respuesta de calidad al ciudadano, y permitirá “una respuesta rápida, real y efectiva, ante una posible situación de emergencia”

    Por último, el sindicato ha denunciado la actitud “inquisidora” demostrada hacia los compañeros destacados en el Aeropuerto de Castellón, profesionales a los que hay que reconocer la labor ejercida con un alto grado de profesionalidad ya que “para justificar lo injustificable han puesto en entredicho la labor que prestan todos los días. Ni siquiera –han añadido-- el desconocimiento de la normativa europea puede justificar la ofensa a su dedicación y honorabilidad”.

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