El Ayuntamiento de Paiporta establece un protocolo para controlar los posibles fraudes en las bajas laborales
Se han detectado casos de trabajadores que sólo han acudido a su puesto de trabajo cinco días en lo que llevamos de año y que, incluso, han recurrido altas médicas después de 229 días de baja en 2012 y 95 en 2013
El Ayuntamiento de Paiporta ha iniciado un protocolo para controlar y evitar los posibles fraudes en las bajas laborales. Se está trabajando en una doble dirección: la prevención en los accidentes laborales y la cumplimentación de un parte exhaustivo en caso de haber sufrido un accidente durante su jornada laboral. Se debe explicar cómo, cuándo y por qué se ha producido, qué testigos había… y debe estar firmado por un superior.
Se han detectado bajas prolongadas, por citar algunos ejemplos, de 75 o 93 días seguidos en 2013, hasta el punto que hay empleados que han llegado a recurrir el alta médica para seguir permaneciendo de baja, después de 229 días de ausencia en 2012 y 95 en 2013. Cada día de su trabajo durante 2012 ha costado a los paiportinos y paiportinas 1.000 euros (sólo trabajó 44 días durante 2012). Y hay otros casos similares, con lo que no se trata de una circunstancia aislada (hay otras, con coste diario de 300 euros en 2012).
“No vamos a permitir que se gaste un solo euro público de forma injustificada e igual que preparamos un informe con jurisprudencia exigiendo la justificación de las horas sindicales para evitar el escándalo de posibles fraudes en su disfrute, vamos a vigilar con más controles las bajas por enfermedad y/o accidente laboral. Una baja debe estar justificada desde el primer hasta el último día. El dinero público es sagrado”, explica el alcalde de Paiporta, Vicente Ibor. De lo contrario, prosigue Ibor, “se daña el servicio público, porque hay menos efectivos cumpliendo con su función; aumenta el coste, sufragado con dinero de los paiportinos y paiportinas, al tener que suplir con otro personal, y se perjudica a otros compañeros de trabajo. Aquellos que cumplen con su función deben aumentar su jornada laboral, lo que perjudica su calidad de vida. Y, además, se crea una injustificada mala fama del trabajador público, por culpa de una minoría”, concluye Vicente Ibor.
