Pensiones máximas y pagas vitalicias de las autoridades

La ciudadanía tiene derecho a juzgar y criticar a las personas que gestionan la administración y el erario público. Es decir, los cargos públicos. Pero las criticas tienen que estar referidas a casos y personas concretas. No vale generalizar y meter en el mismo saco a todos. Porque haya sacerdotes pederastas, no se puede decir que todos los sacerdotes son pederastas. Igualmente, porque haya autoridades que gocen de privilegios, o sean corruptas, no se puede decir que todas sean igual. Sin embargo, en las redes sociales, y parte de la prensa digital, cuando se critican los privilegios y abusos de los cargos políticos, existe la tendencia de acusar con carácter general a “los políticos” y no a personas concretas.

Ejemplo de ello, es que hace pocos años la organización “Change.org” que lanza campañas de peticiones en internet, lanzó una solicitando que se eliminen “las pensiones vitalicias de los políticos”, y en contra de que con 7 años de cotización como diputados o senadores se tenga derecho a pensión máxima, mientras el resto de la ciudadanía debe cotizar 35 años. Ello a pesar que no existe el derecho a recibir pensión vitalicia, cuando se deja un cargo público. Tampoco los diputados ni senadores, tienen derecho a cobrar la pensión máxima con haber cotizado 7 años. Sin embargo, se consiguieron centenares de miles de firmas. Si buscamos en la red, “Pensiones vitalicias de los políticos”, es innumerable el número de iniciativas y artículos, que se encuentran, solicitando que hay que acabar con las “Pensiones vitalicias de los políticos”.

La única pensión vitalicia que cobran los políticos, al igual que el resto de personas, es la de jubilación, cuando alcanzan la edad. Pero cuando dejan el cargo, no tienen derecho a ninguna pensión vitalicia, como se dice. Cobran igual que el resto de trabajadores, por la pérdida del puesto de trabajo. Hasta un máximo de 2 años de paro, si no trabajan, según el tiempo trabajado. Eso incluye hasta los ministros. Solo los expresidentes del Gobierno, y expresidente de Cataluña y Euskadi, tienen derecho a una paga vitalicia. Otros expresidentes autonómicos gozan del privilegio de tener sueldo a cambio de formar para del órgano equivalente al Consejo de Estado. La paga de los expresidentes de España es incompatible con recibir sueldos de empresas. Por eso, Felipe, Aznar, Zapatero y Rajoy han renunciado a la paga de expresidente, porque reciben sueldo privado. Puede que alguna persona diga que eso no es cierto, porque en los presupuestos del Estado hay una partida de dinero destinada a los expresidentes. Ello es verdad, pero ese dinero no lo cobran ellos. Es para pagar los salarios de las secretarias, de los despachos de expresidentes, que tienen para atender los asuntos que como expresidentes tienen que informar y asesorar a diario al gobierno de turno.

Respecto qué con siete años de cotización, diputados y senadores, tienen derecho a la pensión máxima no es exacto. Creo que merece explicarse el origen de esa interpretación. En la Legislatura Constituyente y Primera Legislatura, finales de los 70, las Cortes se encontraron con unos cuantos diputados, y diputadas, con edad próxima a la jubilación, que no tenían los años de cotización suficientes para cobrar pensión. Pues como consecuencia de ser opositores a la dictadura, su estancia en la cárcel, en el exilio o en listas negras, se les impidió poder cotizar a la seguridad social. Es decir, las Cortes buscaron una solución para las personas que por haber sufrido la represión franquista no pudieron cotizar. La solución que aprobaron fue complementarles las cotizaciones de los años que les faltaban para tener la pensión máxima. Así se estableció en Reglamento de las Pensiones Parlamentarias.

No es, como se dice, que con 7 años cobran la pensión máxima.  Se les reconoce derecho a la pensión por lo que han cotizado, como a otras personas. Si les faltan años para cobrar la máxima, y han cotizado 7 años como diputado, los años cotizados como diputado, le complementan. Concretamente, si ha cotizado de 7 a 9 años, le complementan hasta el 80%. De 9 a 11 años, hasta el 90% y más de 11 años hasta 100%. El caso es que, de los más de 4.000 pensionistas extraparlamentarios, que existen en la actualidad, solamente unos 30 reciben el complemento por haber cotizado como parlamentario. De esas personas, el complemente es de unos 100 € mensuales, en algunos casos, y en otros llega a más de 2.000 €. En todo caso, no es la millonada que se dice que cuesta, y afecta a menos de 1% de los exdiputados pensionistas.

Estimo que la solución aprobada, para quienes no pudieron cotizar, debido a la situación política, fue razonable. Pero lo que resulta inaceptable es que en el Reglamento de las Pensiones Parlamentarias no se regulara de manera precisa para que no pudieran acogerse personas que no cumplieran los requisitos para las cuales se había aprobado. Me refiero a quienes, sin haber tenido ningún impedimento para cotizar durante su vida laboral, llegaron a su jubilación sin haber cotizado 35 años, para tener derecho a la  pensión de jubilación máxima, y pidieron el complemento de las Cortes. Son muy pocos, porque en general se trata de personas con una amplia vida laboral, por consiguiente, con cotización suficiente para tener derecho a pensión, máxima, pero “haberlas haylas”.

Por suerte, eso se acabó con la modificación del  Reglamento de las Pensiones Parlamentarias, el 19.07.2011, al disponer en su Disposición adicional segunda, “Quienes hayan sido miembros de las Cortes Generales durante la totalidad de la Legislatura Constituyente y de la Primera Legislatura podrán obtener un complemento de pensión correspondiente al ochenta por ciento de la diferencia entre las pensiones  que tuvieran reconocidas y el límite máximo de percepción de pensiones públicas en la  cuantía que éste tenga en el momento de su reconocimiento.

Queda claro. El derecho al complemento de pensión, solo lo tienen las personas que formaron parte la “Legislatura Constituyente y de la Primera Legislatura” y no tuvieran cotizados 35 años. No sé si quedará alguna persona en esa situación. Si quedan, no superarán los dedos de la mano. En todo caso, no son, “todos los diputados y senadores”, como se dice.