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Por José Luis Ramos
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Caso Juan Carlos I: confunden la velocidad con el tocino

    El reciente manifiesto de apoyo a Juan Carlos I, por más de 70 exministros y altos cargos de PP y PSOE, me trae a la memoria que hace más de 25 años tuve que defender a un muchacho que intentó cobrar un premio en la ONCE de Gandía, con un número falsificado. Era de Murcia, estaba preso y el mismo día del juicio, se presentó su madre y me dijo “aquí le traigo las pruebas, que mi hijo no debe ser condenado”. Me entregó un escrito del cura del pueblo, para que se lo entregara al tribunal, que decía que se trataba de un buen muchacho, que no merecía ser condenado porque era un creyente practicante ejemplar. Le dije, que ella se lo podía entregar, yo no lo haría.

    Años después, ya no llevaba asuntos penales, y un cliente de un asunto urbanístico, me dice que le habían condenado en un asunto penal, y quería presentar recurso. Al juicio, había ido sin abogado confiado que no le condenarían, pero le condenaron, a una multa. Le dije que se lo pasaría a mi compañero, que llevaba penal. Como no me fiaba de él, le dije que me pasara la sentencia. Vi que se le había condenado, por haber quedado probado que agredió al novio de una joven, a la que le había hecho proposiciones, cuando este le recriminó su comportamiento. Le dije, que no perdiera el tiempo, y que yo no pasaba un asunto perdido a mi compañero. Dijo que me traería las pruebas que probaban que era inocente. Entonces me trajo:

    1. Un informe en el que se decía que había sido el fundador de Alianza Popular en su pueblo, lo que era una prueba de ciudadano ejemplar.

    2. Un informe de la Guardia Civil, de su pueblo, manifestando que podían acreditar que era una persona de orden.

    3. Un informe de un cura manifestando que era una buena persona y católico practicante ejemplar.

    Al ver los citados informes, le dije que se buscara otro abogado. Sin rodeos, le dije que mi compañero me diría qué si tenía ganas de hacer el ridículo, que fuera yo, porque él no estaba dispuesto.

    Como puede apreciarse, en ambos casos confundieron el tocino con la velocidad. Es decir, a uno se le juzgaba por cobrar un premio falso, al otro por agredir a un muchacho. Sin embargo, en vez de aportar pruebas que acreditaran que el número de la ONCE, no era falso, y que no hubo agresión, aportaron opiniones, sobre la forma de ser de los acusados. Dicho de otro modo, esas opiniones, nada tenían que ver, con los hechos por los cuales se les juzgaba. Lo mismo que nada tiene que ver, el tocino con la velocidad.

    Resulta que se acusa a Juan Carlos, entre otras cosas, de cobrar comisiones y defraudar a Hacienda. Sin embargo, el citado manifiesto, ni niega ni aporta, prueba alguna que acredite que las acusaciones no sean ciertas. Pues se limitan a decir que se ha vulnerado la presunción de inocencia del Juan Carlos I, y en su descargo señalan sus aportaciones a la democracia durante la transición. Que yo sepa, la presunción de inocencia, solo evita que se pueda condenar, por un delito, sin seguir el preceptivo procedimiento contradictorio. Después, la condena debe estar fijada en una sentencia dictada por un Tribunal que tenga la competencia. En el caso de Jun Carlos I, es un hecho notorio, que ni ha sido procesado, ni condenado por un Tribunal penal.

    Así las cosas, a mi entender, las personas que están asumiendo la defensa de Juan Carlos I, confunden la velocidad con el tocino. Ello es así, porque para librarle de la acusación de cobrar comisiones y fraude fiscal, hay que aportar pruebas que acrediten el origen legal del dinero, y que, además, se ha tributado por ese dinero a la Hacienda Pública. Alegar motivos personales, aunque sean meritorios y dignos de admiración, que nada tienen que ver con las acusaciones, es propio de personas que creen que algunas personas están por encina de la ley. 

    Cuando se dice que hay “una proliferación de condenas sin el debido respeto a la presunción de inocencia”, y que se hacen “juicios de culpabilidad” del rey emérito, sin respetar “la presunción de inocencia”, se hace con la intención de conseguir que la ciudadanía confunda la velocidad con el tocino. Ello es así, porque los juicios de culpabilidad que cualquier persona pueda hacer de Juan Carlos I, no tiene más efectos que de crítica política. Como las críticas que se pueden hacer de cualquier otra persona, sea o no, autoridad. Es decir, los juicios de culpabilidad que pueda hacer la ciudadanía, no tiene el alcance y los efectos de condena penal, porque no hay un deber legal de cumplir. Se queda en una mera crítica política, amparada por la libertad de expresión. Si los defensores de Juan Carlos I, piensan que debe estar libre de la crítica política, que lo digan. Luego que sean coherentes y propongan su tipificación penal.

    No sé qué le habrán asesorado a Juan Carlos I, sus amigos. Pero si yo tuviera un amigo acusado de tener dinero negro y haber defraudado a Hacienda, si creyera en su inocencia, le aconsejería que se presente ante la Hacienda Pública y entregara toda la documentación que acredite la legalidad del dinero que dispone. Sino creyera en su inocencia, y la acusación comportara una importante pena de cárcel, le diría que saliera discretamente del país y se fuera a uno de los que no hay extradición.

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