Propuestas en materia de Justicia Penal
En la sociedad española se está instalando una sensación generalizada de impunidad, por qué las leyes penales no se respetan ni aplican, la Administración de la Justicia penal es lenta e ineficaz con los culpables de graves delitos. Esa sensación viene motivada en los últimos años por la aparición reiterada de fenómenos tales como los graves errores de la administración de justicia que han permitido la perpetración de crímenes execrables (caso Mari Luz), el aumento progresivo de los delitos violentos, la presencia de multireincidentes en la calle (asesino de Sandra Palo), el cumplimiento ineficaz de las condenas, el retraso y la desatención de la reparación a las victimas, la discriminación en el tratamiento de ciertos casos y de ciertos delitos,…Y todo ello va generando una creciente desconfianza de la ciudadanía en la justicia penal. En efecto, el sistema de penas de nuestro Código se percibe como confuso, ineficaz en su cumplimiento e insuficiente en el castigo de los delitos más graves (terrorismo, asesinato, agresiones sexuales, etc.). Y, el enjuiciamiento criminal parece inseguro, lento, ineficiente y mal dotado de medios.
Por su parte, el sistema penitenciario se percibe como excesivamente tuitivo y con una alarmante saturación de las cárceles.
La semana que viene entra en vigor el nuevo Código Penal y, también conocemos que el Gobierno está preparando una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que comenzará a dar publicidad a partir del mes de enero. Dicha ley va a traer como novedades destacables la instrucción de las causas por los Fiscales y la doble instancia penal. Tiempo tendremos de comentarla.
En el Partido Popular un equipo de personas trabajamos en estas preocupaciones y, en su labor de oposición, formalmente han sido planteadas las soluciones por Mariano Rajoy al Presidente del Gobierno en la necesidad de acometer en profundidad las reformas necesarias para el mejor funcionamiento de nuestra Justicia y que de forma muy somera se concretan en: 1. Reforma integral del sistema de penas del Código Penal, que integre adecuadamente las finalidades retributivas, de prevención general y rehabilitadora que han de tener las penas; 2. Para los delitos más graves –terrorismo, asesinato y agresiones sexuales- el establecimiento de penas privativas de libertad semejantes a la prisión perpetua revisable establecida en otros ordenamientos europeos; 3. Simplificación del catálogo de penas del Código Penal, reduciendo su número y tipología y sustituyéndolas por las que garanticen su cumplimiento efectivo de forma que se realice la justicia y se consiga una mayor disuasión; 4. Incorporación clara de medidas de seguridad para los delincuentes en los que se diagnostiquen patologías sexuales, y para aquellos en los que no se haya verificado el arrepentimiento y la reinserción; 5. Garantías del resarcimiento y reparación de las víctimas, agilizando los procedimientos de exigencias de responsabilidades civiles; 6. Reforma de la Ley General Penitenciaria y su reglamento para garantizar los tres ámbitos de finalidad de la pena y el cumplimiento efectivo de las privativas de libertad; 7. Nueva redacción que clarifique y posibilite la expulsión como sustitución de las penas privativas de libertad para extranjeros; 8. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la finalidad de agilizar la instrucción, limitar a un mes prorrogable por otro el secreto de los sumarios, clarificar y garantizar la situación procesal de los justiciables, e introducir con carácter generalizado la celebración de juicios rápidos; 9. Reestructuración de la policía judicial, de manera que sus mandos y dependencias estén bajo el control del Poder Judicial; y 10. Reestructuración de las posibilidades instructoras del Ministerio Fiscal, y limitación de las diligencias que por este pueden realizarse en el plazo de un mes prorrogable por otro, en todo tipo de delitos.
