La ley Montoro
Cristóbal Motoro está de actualidad. El ministro de Hacienda de Aznar y de M. Rajoy, presuntamente, estuvo haciendo cosas que no beneficiaban al interés general sino al interés de Montoro & Asociados, S.L. (después Equipo Económico).
Dicen las malas lenguas de un juzgado de Tarragona, que hacía leyes a medida de los clientes de su anterior despacho y que no está tan claro de que fuera tan “anterior”. En fin… cosas sin importancia que pasan.
Lo que sí que tiene importancia, y mucha, es la Ley Montoro, que es como se llamó a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Una ley pensada para que los ayuntamientos y las administraciones en general no pudieran contratar con facilidad y así no pudieran gastar. De esta forma el dinero de nuestros impuestos no iba a parar a gasto e inversión, sino a amortizar deuda, pagar intereses a los bancos, y rebajar el déficit público, que era lo que nos pedía la Sra. Merkel.
Hoy la situación es bien diferente. Con la necesidad de contratar obras de emergencia y urgencia para la recuperación tras la DANA los ayuntamientos se ven con un montón de millones en sus arcas transferidos por el Estado y sin la posibilidad de destinarlos al fin al que están dirigidos. Y todo por la Ley Montoro, que dificulta los trámites a extremos incomprensibles en situaciones de catástrofe como la que sufrimos hace diez meses.
Hay que derogar esta ley o al menos reformarla, establecer un sistema ágil de contratación para casos de recuperación ante desastres naturales …y borrarle el nombre de Montoro a ser posible o pensaremos que, presuntamente, sigue beneficiando a quien no toca.
