España, Estado Policial

A nivel práctico, la separación de poderes se traduce en la idea de que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial deben estar claramente separados para garantizar la equidad, la justicia y la libertad, pilares básicos en un Estado de Derecho. De ello se deriva que el Parlamento legisle, el Ejecutivo gobierne y el Poder judicial arbitre sobre la aplicación de dichas leyes: es decir, administre la justicia e interprete la norma.

Y sobre esta argumentación podemos hacernos una idea de lo que supone el afán de control social y político del Partido Socialista, que llega hasta extremos insospechados con un nuevo golpe de la mano del todopoderoso Rubalcaba, que no tiene ningún impedimento moral en utilizar su condición de jefe máximo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado según interese a su partido en cada momento.

Hoy, con un Partido Socialista tocado y hundido, todas las herramientas que el gobierno pueda poner a disposición de sus intereses parecen pocas, por lo que de nuevo a la ética y la responsabilidad pública se anteponen los intereses de un partido, el Socialista, que ha perdido la confianza ciudadana por su incapacidad como gobierno y por faltar a la verdad y al sentido común.

Esta vez, un nuevo puñetazo en la mesa del Ministro de Interior ha dado lugar a que sea un comisario de su confianza quien dirija las investigaciones que afectan a políticos y altos cargos, llevándonos a lo que esperemos que no se convierta en un Estado Policial.

Las filtraciones a los medios están aseguradas, el control de los tiempos, no lo duden, va a ser el que convenga al Partido Socialista. De esta forma afianzo una sospecha que me ronda desde hace mucho, y es que en este país la corrupción política ha dejado de ser un problema frente al que no hay que mirar el color político sino que hay que ser firmes y contundentes, para pasar a ser un instrumento mediático para un gobierno que de nuevo demuestra su bajísima altura moral.

Lejos de la idea que a todos nos parecería lógica de que sea un juez imparcial quien dirija este tipo de instrucciones, la política vuelve a meter mano en la justicia. Y lo primero que ello supone es una enorme falta de respeto a los ciudadanos, que queremos, en primer lugar, que se juzgue a todo aquel que cometa un delito, y en segundo lugar, que cumplan las condenas correspondientes quienes las tengan que cumplir, tal y como dicta nuestro código penal, independientemente del partido al que pertenezca o del cargo que ostente cada uno.

Eso, señor Rubalcaba, es lo que los ciudadanos esperamos de nuestro sistema judicial. Y lo que esperamos de la política son debates serios, centrados en resolver nuestros problemas, en plantear soluciones ante la grave situación que vivimos, con administraciones y gobierno garantes de la defensa de nuestros intereses y capaces de gestionar los recursos y de definir prioridades.

Y es que ni queremos corrupción en nuestras instituciones ni ministros que, haciendo un uso abusivo y antidemocrático de su cargo, utilicen en beneficio de su partido un tema que debería ser tratado con seriedad, sin fisuras, y donde corresponde.