El segundo entierro de Keynes

En pleno siglo XXI se reabren los viejos debates doctrinarios sobre políticas económicas clásicas y keynesianas, o lo que es igual, las basadas en un menor o un mayor intervencionismo del Estado.

Con la misma facilidad con la que la aparición de John Maynard Keynes y sus propuestas, de mayor gasto público para salir de la crisis del 29, desplazaron a Ludwing von Mises y sus apuestas liberales en los años treinta, el actual comportamiento derrochador de los gobiernos socialdemócratas conducirá al entierro definitivo de las recetas keynesianas.

Murray N. Rothbard, uno de los discípulos de Mises nacido ni más ni menos que en 1881, escribió con motivo de la muerte de su maestro en 1973 un párrafo que pareciera haberse escrito hoy mismo:  “la gigantesca dilapidación de riqueza y el consiguiente empobrecimiento general que el moderno burocrático gasto estatal provoca, resultan tan inocultables que ya hasta los keynesianos se preguntan si estaría en lo cierto su egregio mentor cuando decía que igual daba invertir en servicios productivos que en faraónicas pirámides.”

El futuro está sin duda escrito, el problema es encontrar dónde. Mises, miembro principal de la escuela austríaca de economía, ya hace casi un siglo ponía en cuestión comportamientos que hoy vuelven a salir a la luz.

Denunciaba, el que fuera maestro del premio Nobel Friedrich A, Hayek, que la actuación de los bancos centrales, que utilizaban su poder para proteger a las entidades financieras de las decisiones del mercado, es decir de los ciudadanos, hacía que hubiese una irresponsable expansión del crédito que conducía inevitablemente a la crisis.

La solución que Mises proponía, alejada de mi visión personal, era directamente la desaparición de los bancos centrales por recaudar subvenciones, que al final es el dinero de las familias, para entregarlas a las malas entidades financieras para que estas pudieran seguir con su mala gestión.

Para mí la existencia de los bancos centrales no está en cuestión, pero es evidente que entre unos y otros, pagan los ciudadanos.

El hundimiento de la renta familiar, los 4.300.000 parados que según la Unión Europea tenemos y la política de endeudamiento público para llevar a cabo miles de obras improductivas obligan a una profunda reforma de nuestras estructuras económicas. Esto no da más de sí.

Creo, y mi partido también, en un sistema público de pensiones y en una educación y una sanidad, de calidad universal, pública y gratuita.

El gasto social en la etapa de Aznar creció en un 70%, pero ello no quiere decir que no debamos buscar fórmulas más eficaces de gestión, con creciente presencia de la empresa privada como en Suecia se está demostrando con éxito.

Las comunidades autónomas como la de Valencia, Madrid o Cataluña que han dado pasos en ese sentido aciertan. La provisión, la garantía, debe ser siempre pública, la producción, la prestación puede ser también pública o privada a elección del ciudadano.