El ocio nocturno valenciano lleva ante la Audiencia Nacional su cierre
El sector denuncia la “inconsistencia jurídica y epidemiológica” de la decisión impuesta por el Ministerio de Sanidad
Se cumplen quince días desde que el Ministerio de Sanidad ordenara el cierre de el ocio nocturno de todo el país, una decisión que llegó entre las criticas de los empresarios y con el único fin de evitar la propagación de los contagios. Ahora, tras dos semanas sin actividad, las asociaciones de ocio nocturno de la Comunitat han decidido llevar ante la Audiencia Nacional esta medida.
La presentación de este recurso ante la AN busca denunciar “la inconsistencia jurídica y epidemiológica del cierre del ocio nocturno” y vendrá acompañada de la presentación coordinada de recursos contra los decretos publicados por las diferentes Comunidades Autónomas, según explican en un comunicado las asociaciones denunciantes.
“Ha quedado demostrado que los locales de ocio NO han provocado el rebrote de los contagios. Después de 3 meses en los que apenas un 10% del sector había desarrollado su actividad se ha puesto de manifiesto que la actividad reglada de estos locales no tenían prácticamente incidencia en la evolución de la enfermedad ni de los contagios del coronavirus” afirman desde el ocio nocturno, y añaden: “Por desgracia, ha sido durante las dos últimas semanas en las que se ha disparado el nivel de brotes y contagios sin que el cierre de estos locales haya permitido reducir el crecimiento de los contagios”.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el recurso dirigido a la Audiencia Nacional, España de Noche reclama que se identifiquen los indicadores que se han utilizado para demostrar la especial peligrosidad sanitaria de la actividad de los locales de ocio en España, el número de brotes detectados y de contagiados, las pruebas PCR realizadas, los rastreos realizados a los contactos de riesgo, etc.
Junto con los datos epidemiológicos, el recurso denuncia “la inconsistencia jurídica” de una orden comunicada que se dirige a las comunidades autónomas para que elaboren los decretos en los que se prohíbe la actividad de los locales de ocio, “sin que estuviera basada en ninguna instrucción publicada en el BOE, ni en ningún acuerdo del Consejo de Ministros porque, tal y como señalaba la Abogacía del Estado, las decisiones adoptadas por las CC.AA., carecen de la fundamentación jurídica necesaria” explican.
Por todo ello, el sector del ocio considera que es imprescindible convocar la Comisión de Seguimiento constituida por el Gobierno y los agentes sociales para definir el contenido de un plan de choque específico para salvar a las empresas de ocio y espectáculos que permita rescatar la actividad de las empresas de uno de los sectores estratégicos y singulares más importantes de nuestro país.
