Podemos reclama una consulta ciudadana sobre el CETA
El diputado del grupo parlamentario Podemos-Podem, Daniel Geffner, reclama en una moción presentada en Les Corts Valencianes una consulta ciudadana sobre el CETA, (Acuerdo Económico y Comercial Global) e insta al Gobierno de España a solicitar un dictamen del Tribunal Constitucional sobre su compatibilidad con la Constitución Española.
Geffner, tras una interpelación realizada esta semana en Les Corts Valencianes al conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, ha presentado una moción en la que se insta asimismo a realizar un análisis detallado, vía estudios de impacto, de las repercusiones en los distintos sectores de la economía y de la sociedad valenciana de este acuerdo, de forma previa a la posible ratificación del citado tratado por las Cortes Generales.
Asimismo, plantea la convocatoria de una consulta a la ciudadanía para que, como se ha hecho en otras ocasiones, tanto en España como en otros estados miembros de la UE en cuestiones trascendentes, como el Tratado de Maastricht o la Constitución Europea, exprese su voluntad democrática tras habilitarse una campaña informativa previa.
En la moción, Geffner también insta a la Generalitat a que haga público el informe del grupo de trabajo que ha constituido el presidente Ximo Puig, anunciado en la sesión de Les Corts del 21 de septiembre de 2016, sobre las consecuencias que tendría la aplicación del CETA en los distintos sectores de la economía y la sociedad valenciana
El parlamentario ha advertido de que estos tratados transnacionales “pueden suponer el colapso de sectores tradicionales como la agricultura o la artesanía valenciana, por competencia desigual respecto a nuestra pequeña y mediana empresa y a tantos autónomos que forman parte de nuestro tejido productivo”.
El diputado ha recordado que la producción normativa presente o futura sobre cuestiones tan importantes para la Comunitat Valenciana como el control del fracking, el control de precios y acceso a los medicamentos, la protección de trabajadores y consumidores o la seguridad alimentaria, pueden ser cuestionadas por empresas transnacionales extranjeras a través de este mecanismo.
También ha indicado que el pasado 15 de febrero el Parlamento Europeo ratificó el CETA y abrió el proceso de ratificaciones en los distintos Estados Miembros y que en España, el Gobierno del PP remitió a las Cortes Generales el proyecto de ley el 27 de marzo. En este sentido, ha criticado que “Rajoy intenta acelerar el proceso, obviando el estudio de sus implicaciones y demostrando una vez más su subordinación al IBEX 35 y a Merkel, del que se afana en ser el alumno privilegiado”.
Asimismo, ha explicado que el grupo parlamentario Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea ha solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados un debate sobre la inconstitucionalidad de este controvertido tratado y ha recordado que en septiembre de 2016, Les Corts Valencianes aprobaron a iniciativa de Podemos una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno de España a no autorizar la firma o ratificación del acuerdo sin realizar un informe detallado que evalúe sus repercusiones en la Comunitat Valenciana. En contra solo votaron Partido Popular y Ciudadanos.
La iniciativa recogía igualmente que el grupo de trabajo que la Generalitat constituyó para valorar el impacto del TTIP en nuestra comunidad extendiera su trabajo al CETA. En este sentido, Podemos ha recordado que en una sesión de control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de mayo de 2016 este grupo parlamentario le preguntó por esta cuestión y el responsable del ejecutivo autonómico anunció la creación de un grupo de trabajo permanente en las universidades valencianas con el objeto de evaluar el tratado y sus consecuencias.
