El movimiento feminista de València, a juicio por las multas del 8M
Las feministas reivindican el derecho de manifestación y denuncian la represión política por parte del Estado
El movimiento feminista de València denuncia que se encuentra a punto de ir a juicio para ejercer el derecho a huelga durante el 8M de 2018 y 2019. Las feministas se enfrentan a veinte procesos sancionadores derivados de las multas que después de la huelga feminista del 8 de marzo de 2018, doce en total, y de las recibidas en 2019, año en que la historia se repitió y llegaron otras ocho multas de tipo administrativo. De estos veinte procesos sancionadores, tres ya han sido resueltos por la vía administrativa y, por tanto, se abre la vía judicial.
En total, el valor de estas veinte multas asciende a 11.000 €, multas amparadas bajo la conocida como “ley mordaza”, por presuntas faltas de orden público durante las jornadas de huelga feminista. Después de más de un año haciendo alegaciones y denunciando que estas multas atentan contra el derecho de huelga y manifestación durante una huelga legalmente convocada y desarrollada pacíficamente, las feministas tendrán que enfrentarse a los primeros juicios, previsiblemente antes del verano. Así, la represión política por parte del Estado hacia el movimiento feminista continúa por un camino que nunca tendría que haber empezado, dado que la expresión reivindicativa del 8M fue absolutamente pacífica, como cada año lo son las manifestaciones del 8 de marzo.
Las feministas señalan a la Delegación del Gobierno del PSOE del País Valenciano y a su delegado, Juan Carlos Fulgencio Tejedor, como principales responsables de que se haya llegado a esta situación. Después de que el PSOE llegara al gobierno en junio de 2018, Juan Carlos Fulgencio se comprometió a revisar las multas, pero no solo estas se han mantenido firmes hasta desembocar en juicio, sino que durante su mandato han tenido lugar las multas de la huelga del 8 de marzo del 2019. Las feministas recuerdan, además, que en el acuerdo del nuevo gobierno de coalición “progresista” PSOE-Podemos, figura el propósito de derogar la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, bajo la cual se encuentran amparadas estas multas. La ley mordaza fue aprobada en solitario por el Partido Popular a 2015, y en el momento de su promulgación fue fuertemente criticada por los partidos de la oposición, incluyendo el PSOE, por su carácter antidemocrático. Sin embargo, en todo el tiempo que ha estado en el gobierno, el PSOE no ha hecho nada para cambiarla y, como sus predecesores, ha continuado utilizándola como herramienta de represión política hacia los movimientos feministas autónomos. De otra forma no se puede explicar la vigilancia, requerimiento de documentación e imposición de multas sobre compañeras en el ejercicio pacífico del derecho de manifestación y expresión y la desatención de las posteriores alegaciones.
Una vez más, el movimiento feminista de València denuncia la injusticia de estas multas y anuncia que continuará haciendo frente a la represión política de forma unitaria hasta que todas sean retiradas.
