Mazón muestra su rechazo a la OPA del BBVA al Sabadell: "Es una operación en contra de Alicante y de la Comunitat Valenciana"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha manifestado su “absoluto” rechazo a la oferta pública de adquisición (OPA) hostil sobre el 100% de las acciones del Banco Sabadell realizada por BBVA al considerarla como “una operación que destruye valor, trabajo, territorio y competencia”. 

En este sentido, ha señalado que “va en contra de la provincia de Alicante, de la Comunitat Valenciana y del consumidor”. 

Asimismo, ha destacado que esta OPA “no tiene ningún sentido, no aporta nada nuevo” y ha criticado “la soberbia” mostrada por el BBVA, lo que ha calificado como “absolutamente intolerable”. 

El jefe del Consell ha realizado un llamamiento a la unidad de toda la sociedad de la Comunitat Valenciana para que “reaccione en consecuencia y conseguir entre todos que esta operación no culmine”.

Los empresarios valencianos señalan que esta OPA "restringiría las posibilidades de financiación de las empresas valencianas"

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), partiendo del respeto absoluto de la libertad de empresa, considera que la OPA hostil lanzada por el BBVA al Banco Sabadell, pese a que posiblemente cumpla con todos los requisitos legales y procedimentales, de prosperar, restringiría todavía más el abanico de posibilidades de financiación de las empresas de la Comunitat Valenciana.

La concentración del sector bancario en España ya es muy elevada. Los cuatro primeros bancos ya acaparan el 70% de ciertos segmentos financieros, como el mercado de depósitos y cuentas, y, de hacerse efectiva esta operación, quedarían en manos de únicamente tres bancos.

La nueva operación elevaría la concentración en la oferta de crédito y prestación de servicios financieros a empresas y ciudadanos, y supondría un severo reajuste de entidades, oficinas y, en definitiva, de la oferta de crédito y financiación a nivel territorial.

Asimismo, de darse esta circunstancia, también iría en perjuicio de Alicante por la pérdida de la sede social de la entidad, que cuenta con gran arraigo en el territorio, y, por tanto, de la sensibilidad manifiesta de la entidad con el tejido productivo y social.