La jueza de la Dana pide a la CHJ detalles sobre el despliegue de agentes durante la emergencia

El Juzgado de Instrucción que investiga la gestión de la catástrofe provocada por la DANA de octubre de 2024 ha dictado este jueves tres nuevas resoluciones en el marco de la causa. Entre las medidas acordadas, la magistrada instructora ha ordenado requerir a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para que, en un plazo de tres días, informe si durante la emergencia desplegó agentes sobre el terreno para realizar funciones de vigilancia, así como los lugares exactos en los que se encontraban.

La jueza estima así parcialmente una solicitud presentada por varias acusaciones particulares, que reclamaban más información sobre la actuación del organismo de cuenca durante los episodios de lluvias torrenciales. Sin embargo, el auto rechaza que sea necesario identificar nominalmente a esos trabajadores, al considerar que “lo importante no es conocer su identidad, sino el lugar de ubicación” de los efectivos desplegados.

En la misma resolución, la instructora descarta requerir la identificación completa de los miembros de la junta de gobierno de la CHJ en la fecha del 19 de diciembre, al entender que dicha petición “no posee relación con los hechos objeto de la investigación”. Tampoco estima oportuno solicitar datos sobre supuestos fallos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) durante las lluvias de los días 29 y 30 de septiembre, ya que “no permitirían determinar si el día de los hechos, 29 de octubre, el sistema funcionaba correctamente”.

Ofrecimiento a las víctimas y citaciones a testigos

Por otro lado, la jueza ha acordado ofrecer la posibilidad de declarar como perjudicados a los familiares de 50 víctimas mortales que todavía no habían sido oídos en sede judicial. Con ello, se amplía el reconocimiento formal de las familias afectadas y se les permite ejercer las acciones legales que consideren oportunas.

La magistrada ha dictado también una providencia en la que ordena citar a varios testigos, entre ellos personal de Emergencias y predictores de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para que indiquen si consienten que se incorporen al procedimiento las grabaciones de llamadas telefónicas mantenidas el 29 de octubre de 2024. Además, acuerda la comparecencia de un ingeniero y otro testigo para que declaren sobre un informe relativo a la presa de Buseo.

La misma providencia incluye un nuevo requerimiento al Instituto de Medicina Legal para que elabore un informe forense sobre la posible relación entre el fallecimiento de una mujer el 6 de noviembre de 2024, en el Hospital de la Ribera, y las circunstancias que sufrió durante la Dana. La petición se produce después de que su hijo haya solicitado en el juzgado que su madre sea reconocida como víctima de la catástrofe.

Finalmente, una diligencia de ordenación firmada por la Letrada de la Administración de Justicia da cuenta de la recepción de varios documentos en el procedimiento, entre ellos un informe de la Fiscalía, anexos de un atestado ampliatorio de la Guardia Civil y un vídeo remitido por la Diputación de Valencia titulado “Sessió 1 d’Investigació d’estudi de la gestió de la emergència del 20 d’octubre”.