Igualdad y ayuntamientos acuerdan los criterios para contratar personal que atienda a las personas en riesgo de exclusión social
La directora general de Inclusión Social, Helena Ferrando, se ha reunido con responsables municipales para acordar los criterios que se seguirán para poder invertir los fondos destinados desde la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para la contratación de personal vinculado con programas para trabajar en la lucha contra la exclusión social.
Ferrando ha explicado que la conselleria tiene previstas en el Presupuesto de 2017 diversas partidas que se destinarán a los ayuntamientos, para que éstos puedan contratar personal para gestionar servicios como la renta garantizada, las Oficinas de Atención a Personas Migrantes (AMICS) y el programa operativo de fondos europeos destinado a la inclusión social.
Las nuevas contrataciones estarán vinculadas a cada uno de estos programas y serán posibles al estar vinculadas a iniciativas que tienen como objetivo la atención a personas en riesgo de exclusión social, según ha precisado la directora general, que ha destacado la importancia de este acuerdo de financiación municipal, que hará posible la creación de muchos puestos de trabajo.
En este sentido, programas como el del Fondo Social Europeo, podrían facilitar la creación de hasta 81 nuevos puestos de trabajo, que se encargarían de gestionar la puesta en marcha de planes de inclusión social municipales, requisito al que se comprometen los ayuntamientos que acceden a estas ayudas, que es la primera vez que se conceden a la Comunitat Valenciana, y que contemplan 28,9 millones de euros para la lucha contra la pobreza a través de ONG y ayuntamientos.
Por primera vez el año próximo, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas será un órgano gestor de proyectos cofinanciados relacionados con el área de bienestar social, la participación en esta nueva dinámica supondrá a este departamento avanzar en la modernización de sus procedimientos de organización y gestión administrativa.
Ferrando ha indicado que la obtención de estas ayudas ha sido un prioridad en cumplimiento del eje primero del Acuerdo del Botànic que defiende el rescate de las personas, y en este sentido ha informado de que se prevé que alrededor de 33.000 personas en exclusión social puedan beneficiarse de estos programas de lucha contra la pobreza.
La conselleria distribuirá estas ayudas en dos líneas de actuación, una primera destinada a ONG, que contará con un presupuesto anual de un millón de euros, con el que se subvencionará a un total de 20 entidades, que recibirán una cantidad de 50.000 euros cada una, y por otra parte 3,5 millones de euros anuales que se distribuirán entre un total de 27 ayuntamientos.
En el caso de las entidades privadas, las subvenciones servirán para la puesta en marcha programas de inserción laboral para personas vulnerables, que incluirá una beca de 250 euros para los participantes, como medida para incentivar su compromiso con el proceso que le permita lograr un puesto de trabajo.
Las ayudas para los municipios de entre 10.000 y 40.000 habitantes contarán con un presupuesto anual, entre 2016 y 2020, de 3,5 millones de euros, lo que permitirá conceder una ayuda de 150.000 euros a un total de 27 municipios para la puesta en marcha de un plan de inclusión social.
Los ayuntamientos que accedan a estas ayudas deberán destinar parte de estos fondos a realizar tres nuevas contrataciones para estas tareas, que deberán ser orientadores laborales y prospectores sociales, lo que puede suponer la creación de un total de 81 nuevos puestos de trabajo en el ámbito municipal.
Las Oficinas de Atención a Personas Migrantes serán otras de las que podrán acceder a los fondos de la conselleria para la contratación de personal, ha explicado la directora general, quien ha precisado que, a lo largo de este año, se han destinado ya más de 900.000 euros a gastos de funcionamiento de estas oficinas, una cantidad que supone un incremento del 30% respecto al año anterior.
La red de Oficinas de Atención a Personas Migrantes, creadas por la Generalitat en colaboración con los ayuntamientos, resuelven consultas relacionadas con la acogida y la residencia en España y prestan información sobre servicios jurídicos, sanidad, vivienda, formación y educación, entre otras cuestiones.
Entre las principales funciones de las Oficinas AMICS, destacan la resolución de consultas relacionadas con la acogida y la residencia en España y la prestación de información, mediación, asesoramiento y orientación sobre servicios jurídicos, sanidad, vivienda, formación y educación, entre otras cuestiones.
Estos centros asesoran a las personas migrantes respecto a su situación y regularización en la Comunitat Valenciana, así como sobre cuestiones relacionadas con el acceso al sistema sanitario, al sistema educativo y a la formación ocupacional y no reglada.
Ferrando ha explicado que, la aplicación de la renta garantizada de ciudadanía, será otro de los programas que podrían implicar la creación de nuevos puestos de trabajo en los municipios, gracias a la inversión de la conselleria, quien tiene entre sus prioridades el "rescatar personas", para lo que se está elaborando una nueva ley de renta que, se prevé, pueda aprobarse el año próximo.
