El Gobierno recorta el trasvase Tajo-Segura pese a la protesta de los agricultores valencianos
Ximo Puig apela al diálogo y Carlos Mazón habla de “capricho ideológico”
Según lo previsto. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que revisa la planificación hidrológica de una docena de demarcaciones españolas para el periodo 2022-20227, entre las que se incluye el caudal ecológico mínimo en el río Tajo que se aplicará de forma progresiva y que supondrá el recorte gradual del trasvase Tajo-Segura de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos en este periodo de cinco años.
De esta manera, el Gobierno ha aceptado las tesis del recorte avaladas por el Consejo de Estado. Todo ello mientras los agricultores valencianos han protestado esta mañana frente al palacio de la Moncloa mientras el Ejecutivo se reunía en su interior para aprobar el recorte.
Desde ASAJA-Alicante atribuyen al Gobierno de España la “responsabilidad" de no “ser capaz de garantizar una distribución equitativa y sostenible de los recursos hídricos de este país ni de gestionar con coherencia las deficiencias y excedencias estructurales de las diferentes cuencas”.
La asociación alicantina hace hincapié en que la hoja de ruta de imponer por la “vía autoritaria” la sustitución de agua trasvasada por desalada no garantiza una seguridad mínima al campo, pues una actividad tan importante como la agraria no se debería sustentar con el dinero prestado que supone el agua desalinizada subvencionada. “La agricultura no tiene músculo para soportar más sobrecostes”, declara el secretario técnico de ASAJA-Alicante. En este sentido, añade que “suprimir una infraestructura histórica que sí nos ha funcionado, como es el trasvase Tajo-Segura, nos resta independencia y competitividad”.
También el presidente de ASAJA-Alicante, José Vicente Andreu, recuerda que “ni por cantidad, ni por calidad, ni por coste económico ni por impacto ambiental, el agua desalada puede ser alternativa a la trasvasada”. El agua desalada es 500% más contaminante en emisiones de CO2, sin contar el daño a costas derivado del vertido de salmuera. En cuanto al coste económico, remarca que tras la decisión de hoy, “el agua desalada hará perder a los agricultores unos 45 millones de euros anuales si se subvenciona, y 136 millones si no se subvenciona”.
Ximo Puig apela al diálogo
Por su parte, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado, en declaraciones a la prensa, que “estamos permanentemente dialogando y espero que hayan puntos de encuentro”. Sin embargo, "pase lo que pase seguiremos reivindicando y dialogando”.
Sobre la manifestación de los regantes y agricultores en Madrid, el jefe del Consell ha señalado que “cada uno tiene derecho a expresar su opinión” aunque “hay que mantener mirada objetiva, buscar soluciones y tener garantizada el agua para siempre. No queremos el alboroto electoralista, queremos soluciones reales”.
Mazón habla de “capricho ideológico”
Por su parte, el presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado hoy que “Sánchez y Puig destrozan el presente y el futuro de miles de familias al recortar el Trasvase Tajo-Segura sólo por un capricho ideológico”.
Mazón ha asegurado que se “trata de una barbaridad, es la peor política, de la peor calaña, sin ningún rigor, sin ninguna justificación. En definitiva, se trata de un capricho que pone en peligro el empleo de miles de familias y pone en jaque un sector económico fundamental para el desarrollo de la Comunitat Valenciana”.
Así, Carlos Mazón ha manifestado que “estamos totalmente en contra de esta decisión de Sánchez que ha contado con el silencio cómplice de Puig que se abstuvo en el Consejo Nacional del Agua. Nadie del PSPV ni del Consell está legitimados para hablar hoy porque ellos han contribuido por acción u omisión a la situación tan preocupante que nos encontramos hoy”.
“Este Consell no ha ejercido ninguna presión ni reivindicación al Gobierno de Sánchez. Puig hace tiempo que bajo los brazos en esta cuestión y hoy se ha dado de bruces con la realidad. Menos agua para el campo de la Comunitat Valenciana”, ha aseverado Mazón.
El presidente del PPCV ha afirmado que con “esta decisión el Gobierno de Sánchez pone en peligro 15.000 puestos de trabajo y unos 6.000 millones de pérdidas en este sector, que ya lleva muchos años sufriendo el ataque de un Gobierno que no cree en sus posibilidades y con un President que se ha rendido ante Sánchez”.
