El Gobierno se niega a paralizar el procedimiento de “okupación” del poblado y cierra todas las puertas a un nuevo deslinde o el diálogo para buscar alternativas
Mulet lamenta la total falta de empatía del Gobierno y augura una larga batalla judicial
El Gobierno ha empezado a contestar a la preguntas escritas formuladas por el senador de Compromís, Carles Mulet, sobre el expediente de “recuperación posesoria” por parte de Costas del poblado marinero de la Torre de la Sal de Cabanes. Estas respuestas se han aportado después del preceptivo periodo de 30 día que tenía el Gobierno y después de denunciar Mulet este incumplimiento de plazos.
La respuesta del Gobierno deja claro en primer término, que lejos de las burdas mentiras de los dirigentes del PSOE en la provincia, este expediente se ha iniciado de oficio por parte de Costas, no por ninguna iniciativa parlamentaria de la oposición. ( El senador Artemi Rallo ha quedado otra vez retratado como un mentiroso sin escrúpulos)
Y el Gobierno reitera “ la obligación de la Administración General del Estado, es llevar un registro de las concesiones existentes en el dominio público marítimo-terrestre, no figurando registros de concesiones en relación con las ocupaciones existentes en el núcleo costero Torre de la Sal (término municipal de Cabanes, Castelló).
Mulet pregunta diversas veces que ante dudas más que razonables sobre unos procedimientos de deslindes injustos, arbitrarios y plagados de errores y lagunas, si piensa paralizar este procedimiento de okupación de las propiedades , eufemísticamente denominadas como “ recuperación posesorias”
El Gobierno rechaza esta posibilidad “ tiene el derecho y el deber de investigar la situación de los bienes y derechos que se presuman pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre. También recoge la Ley la facultad de recuperación posesoria, de oficio y en cualquier tiempo sobre dichos bienes, según el procedimiento que se establezca reglamentariamente. Por este motivo, en el marco del trabajo que se desarrolla de detección de las ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre de las que no consta título administrativo, se ha iniciado el procedimiento de investigación correspondiente, que se encuentra actualmente en fase de alegaciones y que va a continuar su tramitación con todas las garantías previstas en el ordenamiento jurídico.
El Gobierno evita contestar al hecho de la obligatoriedad que establece la Ley de Costas de practicar. la notificación individualizada del expediente de deslinde. O el hecho que que si al cabo de un año del deslinde no se tomaba posesión de los mismos, tenían que ser reclamados por Patrimonio del Estado ante los tribunales Civiles mediante acción reivindicatoria, estos dos hechos no tramitados correctamente son suficientes para declarar la nulidad de todo el proceso de deslinde, de hecho,, el gobierno no puede acreditar como se pide en las iniciativas parlamentarias la existencia de inscripciones en el Registro de la Propiedad a nombre del Ministerio ni fichas de propiedad en el invetario de bienes del Ministerio en el poblDO. En este caso el Gobierno evita responder a lo preguntado y se va por las ramas
