La Generalitat y la Comunidad de Madrid acuerdan una posición común en defensa del agua y la igualdad de trato para el campo español

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, se ha reunido este martes en Madrid con el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, para abordar una posición común en materia de agua, nueva PAC y defensa del sector agroalimentario frente a la competencia desleal de terceros países.

Durante el encuentro, celebrado en la sede de la Consejería de Madrid, ambos responsables han coincidido en la necesidad de reforzar la cooperación entre comunidades autónomas para defender una agricultura competitiva, con seguridad jurídica y con las mismas reglas para todos.

Barrachina ha subrayado que “la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid comparten una visión clara: el agua debe ser una política de Estado y el campo español no puede competir en desventaja frente a productos que llegan de fuera de la Unión Europea sin las mismas exigencias”.

El conseller ha destacado que “los agricultores y ganaderos españoles cumplen con una de las normativas más exigentes del mundo en sanidad vegetal, sanidad animal, bienestar, trazabilidad y sostenibilidad”. Por ello, ha reclamado que “todo producto que entre en el mercado europeo cumpla las mismas condiciones que se exigen a nuestros productores”.

En este sentido, Barrachina y Novillo han abordado la posición común sobre igualdad de trato y reciprocidad de los productos agroalimentarios importados a la Unión Europea, impulsada por la Comunitat Valenciana y aprobada el pasado 26 de marzo por todas las comunidades autónomas.

Esta posición fue remitida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su incorporación a la posición negociadora del Estado y posteriormente trasladada al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen. El documento defiende avanzar hacia cláusulas espejo efectivas y verificables en los acuerdos comerciales, reforzar los controles fitosanitarios, consolidar sistemas europeos de vigilancia preventiva y alerta rápida, garantizar mayor transparencia en los flujos de importación y activar salvaguardas comerciales ágiles cuando existan incumplimientos o perturbaciones del mercado.

Barrachina ha señalado que “la reciprocidad no es proteccionismo, es justicia”. “Si Europa exige a sus agricultores determinados estándares, debe garantizar que los productos importados compitan bajo las mismas reglas. Sin igualdad de trato no hay competencia leal”, ha afirmado.

El conseller ha recordado que esta cuestión afecta especialmente a sectores estratégicos para la Comunitat Valenciana, como los cítricos, las frutas, las hortalizas y el arroz, que soportan una presión creciente por la entrada de producciones de terceros países.

Agua como política de Estado

En materia hídrica, Barrachina y Novillo han coincidido en la necesidad de una política nacional del agua basada en el consenso, la solidaridad entre territorios, la planificación técnica y la inversión en infraestructuras. El conseller ha defendido que “España necesita un Pacto Nacional del Agua serio, estable y alejado de planteamientos partidistas, porque el agua es clave para la cohesión territorial, la seguridad alimentaria, la competitividad empresarial y el bienestar de los ciudadanos”.

Ambos responsables han compartido la necesidad de priorizar infraestructuras hidráulicas, modernizar redes, impulsar la digitalización, reducir pérdidas, avanzar en reutilización y regeneración, y reforzar la capacidad de adaptación frente a sequías e inundaciones.

Barrachina ha insistido en que “la política del agua no puede decidirse contra los territorios que producen alimentos ni contra quienes gestionan el recurso cada día”. En este sentido, ha reclamado la participación efectiva de las comunidades autónomas, los regantes, los usuarios y los sectores productivos afectados en cualquier reforma o planificación hídrica.

El conseller ha defendido que cualquier aplicación de las nuevas normas de explotación debe realizarse con evaluación objetiva, transparencia, información técnica verificable y análisis de sus efectos económicos, sociales y ambientales sobre los territorios afectados.

Por último, el encuentro también ha servido para abordar la nueva Política Agraria Común y la necesidad de que el próximo marco europeo tenga en cuenta la rentabilidad de las explotaciones, la simplificación administrativa, el relevo generacional y la defensa de los agricultores y ganaderos frente a una carga normativa cada vez mayor.