El PP propone extender la auditoria desde la constitución de las empresas públicas
Durante la jornada de hoy, los Portavoces del Grupo Municipal Popular han comparecido en rueda de prensa, para denunciar la cacería política y causa generalizada a la que se está sometido a los populares.
Víctor Soler, ha iniciado su intervención anunciando que el gobierno de Diana Morant, tiene previsto realizar una Junta Universal de Iniciatives Públiques de Gandia, S.A., para el 7 de marzo, donde entre otros puntos se tratarán dos de vital importancia, como es el nombramiento de liquidadores y adoptar posibles acciones judiciales de responsabilidad social contra los anteriores miembros del Consejo de Administración de IPG.
Con respecto al nombramiento de los liquidadores, Soler ha sido claro: “Sospechamos que sea la excusa para decir que han cumplido su compromiso electoral, pero la liquidación se eternice y sigan disponiendo de la empresa pública para seguir con su política de enchufismo y contrataciones dudosas”. “Por cierto, se dieron de plazo sesenta días para cerrarla y ese plazo acababa el dos de febrero y para marzo aun estarán nombrando a los liquidadores. Otra promesa más, incumplida”.
Con respecto a la exigencia de responsabilidades sociales del anterior Consejo de Administración, Soler ha sido tajante: “Perfecto, contarán con nosotros si aceptan la propuesta de extender la exigencia de responsabilidades sociales desde la constitución de todas las empresas públicas, para conocer la radiografía exacta de qué ha pasado en las empresas públicas municipales”.
De igual modo, para Soler dicha propuesta debiera ir acompañada de una auditoria económica completa también desde la constitución de las empresas públicas: “Es necesario preguntarse y saber, para qué se pidieron préstamos bancarios, muchos de ellos sin autorización, que no se podían devolver; quién o quiénes compraron bienes inmuebles que se han depreciado y así figura en las Cuentas de 2014, provocando un gravísimo perjuicio para las arcas municipales y quién o quiénes realizaron numerosas contrataciones sin seguir los procedimientos reglados. Y para ello, debemos retrotraernos a la constitución de las empresas públicas, allá por 2006, en adelante”.
Víctor Soler, documentación en mano, ha repasado alguna de las Actas de los Consejos de Administración de IPG, donde se adoptan acuerdos de dudosa legalidad como el del Edificio INNOVA, ahora investigados en los tribunales; Consejos de Administración donde se solicitaban créditos bancarios, sin autorización de la Generalitat Valenciana, que también se encuentran en los tribunales; o por último, Actas de Consejos de Administración donde se acordaba la compra de solares en Sanxo Llop, que también están siendo investigados. Entre los nombres, que figuran en algunas de las Actas citadas, suenan importantes nombres como José Manuel Orengo, Josep Miquel Moya, Facund Puig, Fernando Mut o Ciro Palmer. Soler: “A Lorena Milvaques y a Ciro Palmer les pregunto si a esos Consejos de Administración no hay que pedirles responsabilidades sociales”.
Por su parte, Vicent Gregori se ha mostrado sorprendido por la actitud del gobierno de Diana Morant: “Dicen ser los adalides que la transparencia y convocan una Junta Universal de Iniciatives Públiques de Gandia, S.A., del que solo disponemos del Orden del Día y de la auditoría económica de las Cuentas de 2014, donde no se señala ningún inicio de irregularidad. Pero no disponemos de documentación que justifique la exigencia de responsabilidades sociales hacia los miembros del anterior Consejo de Administración. Es una cacería política y causa generalizada contra el PP, que nos deja en clara indefensión”.
Por último, Gregori ha apuntalado la idea de: “Se debe extender la exigencia de responsabilidades sociales a todos los Consejos de Administración de las diferentes empresas públicas desde su constitución. Entendemos que si no hay nada que ocultar, el gobierno de Diana Morant debería acceder”.
