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La Generalitat firma un convenio con el Ayuntamiento de Gandia para la cesión del derecho de tanteo que le permitirá la compra de viviendas

  • El vicepresidente y conseller de Vivienda y la alcaldesa de Gandia firman el acuerdo telemáticamente

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, y la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, han firmado de manera telemática un convenio para la cesión de derecho de tanteo y retracto al Ayuntamiento, que permitirá a este adquirir viviendas para atender las necesidades habitacionales del municipio.

Martínez Dalmau ha destacado que mediante esta herramienta de adquisición preferente se consigue ampliar el parque público de viviendas, tanto de la Generalitat como de aquellos municipios que lo necesitan.

La Conselleria gestiona en la actualidad, a través de la Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha) en Gandia 147 viviendas. Sin embargo, la demanda existente en el municipio es elevada, por lo que es necesario buscar nuevas alternativas para aumentar ese parque público.

Las viviendas que a partir de ahora adquiera el Ayuntamiento de Gandia se calificarán de protección oficial con carácter permanente, por lo que se incorporarán al parque público municipal. Además, se destinarán en alquiler social a personas, familias o colectivos en situación de vulnerabilidad.

Otra de las ventajas sobre la cesión del derecho a los ayuntamientos es que se asegura una gestión más eficiente de proximidad del parque público, ya que son los servicios sociales municipales los más cercanos a la gente y a los que primero acuden cuando tienen necesidades habitacionales.

Este convenio es el resultado del Decreto Ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto. Con él, la Generalitat puede ceder los derechos de adquisición preferente al municipio donde se ubique la vivienda objeto de tanteo o retracto, algo que podrá ejercer directamente o a través de un ente público en el que delegue las competencias de vivienda. La vigencia del convenio es de un año, con posibilidad de prorrogarse.

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