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El Ayuntamiento prioriza el interés público en la situación derivada en el complejo hotelero de ocio

  • El operador, que firmó en su día con VIPEI y en cuyo contrato se subrogó el Ayuntamiento, ha paralizado la actividad porque la construcción cuenta con vicios ocultos que imposibilitan compaginar la actividad de la bolera con el cine, así como los accesos

El Alcalde de Gandia, Arturo Torró, ha querido aclarar la situación en la que ha quedado el Ayuntamiento de Gandia después de que la empresa Ozone haya decidido paralizar su actividad en la parte comercial del inmueble donde está ubicado el Hotel Gandia Palace de la playa. El operador, que firmó en su día con VIPEI y en cuyo contrato se subrogó el Ayuntamiento, ha paralizado la actividad porque la construcción cuenta con vicios ocultos que imposibilitan compaginar la actividad de la bolera con el cine, así como los accesos. Durante varias ocasiones se ha intentado resolver la situación ante el Ayuntamiento que, por causas ajenas a la Administración Local, no se ha podido solventar.

“Es un tema ajeno al Ayuntamiento que siempre ha demostrado su voluntad de poner en marcha este espacio con el objetivo de desestacionalizar la playa”, ha señalado el Alcalde.

Recordar que el local se cede al Ayuntamiento, por parte de VIPEI, para hacer frente a las elevadas deudas acumuladas durante más de siete años por distintos conceptos tributarios y que no habían sido satisfechas por el anterior propietario. El Ayuntamiento se subroga en el contrato con el operador pero, vista la situación actual de VIPEI, que está en concurso, con la propiedad del hotel y de sus anejos, actualmente no dispone de interlocutor ni posibilidades de resolver cualquier cuestión. En este sentido, el Alcalde ha sido claro: “no podemos materializar la escritura porque VIPEI afronta una situación concursal, lo que impide que procedamos a la compra”. Torró ha insistido: “el Gobierno tiene interés de compra pero en estos momentos no hay interlocutor”. Y como ha querido aclarar el Alcalde, “el Ayuntamiento prioriza los intereses públicos y, además, en este caso no puede resolver las reclamaciones de la empresa”. El inmueble saldrá a subasta y, cuando se resuelva la situación y haya un propietario, éste será el interlocutor con el que podrá negociar el Ayuntamiento. Torró ha insistido en el hecho de que “el Ayuntamiento no ha pagado nada porque no nos han transferido la propiedad”.

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