La Fiscalía propone rechazar la querella de Manos Limpias contra la jueza que investiga la DANA
La organización sostenía que la investigación se llevaba “de una manera politizada y sectaria mirando solo hacia un lado”
La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana ha solicitado la inadmisión y desestimación de la querella presentada por el sindicato Manos Limpias contra la jueza Nuria Ruiz, instructora de la causa que investiga la gestión de la DANA de 2019 en la Comunitat Valenciana. El Ministerio Público considera que no existen indicios de prevaricación judicial ni elementos que permitan sostener la acusación penal.
Según informan fuentes de la Fiscalía citadas por EFE, el análisis del caso concluye que “no concurre ninguno de los elementos integradores del delito de prevaricación judicial”, descartando así que las resoluciones de la magistrada puedan calificarse como arbitrarias o injustas.
La querella, presentada el pasado mes de junio ante el juzgado de guardia de Valencia por el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, acusaba a la jueza Ruiz de haber incurrido en tres supuestos delitos de prevaricación durante la instrucción del procedimiento. Bernad denunciaba presuntas “irregularidades clarísimas y manifiestas” y sostenía que la investigación se llevaba “de una manera politizada y sectaria mirando solo hacia un lado”.
Frente a esas acusaciones, la Fiscalía sostiene que las resoluciones dictadas por la magistrada se emitieron en el ejercicio legítimo de su función jurisdiccional y dentro de los cauces que prevé la ley. Además, recuerda que las partes disponen de los recursos procesales pertinentes para impugnar las decisiones con las que no estén conformes.
El Ministerio Público descarta, además, que exista en este caso ningún tipo de actuación que pueda interpretarse como “violencia o coacción procesal”, en los términos que contempla el Código Penal.
Con este pronunciamiento, la Fiscalía se alinea con la tesis de que la actuación de la jueza Nuria Ruiz se enmarca dentro de la legalidad y del ejercicio ordinario de sus funciones judiciales, y que la querella de Manos Limpias carece de base jurídica suficiente para prosperar.
