Los expertos concluyen que los cañones anti lluvia no son efectivos y carecen de base científica
Los vecinos de la zona norte de Castellón denunciaron su presencia por el estruendo de sus cañonazos
A finales de marzo de 2022 saltaba la noticia por una denuncia del Senador de Compromís, Carles Mulet, que sacaba a la luz los cañones anti lluvia o anti tormenta en varias zonas de la Comunitat Valenciana, concretamente en Gavarda y San Rafael del Río. A raíz de una pregunta parlamentaria del político de Cabanes, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) abrió una investigación sobre una vieja polémica que para muchos era una teoría de la conspiración.
Elperiodic.com ya publicó esta polémica y explicó qué son cañones antilluvia y cómo funcionan.
Ahora, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) han manifestado que “las actividades anti-granizo utilizando cañones que producen un fuerte ruido (ondas sonoras) no son efectivas para la destrucción del granizo y no tienen base científica alguna”. A pesar de ello existen empresas que fabrican y comercializan estos dispositivos contra la tormenta y hay agricultores dispuestos a pagar por ellas a pesar de su inutilidad e ilegalidad. Para acabar de adobar este “despropósito”, la Administración “se pone de perfil ante las peticiones que le llegan”, indica el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet.
Algunos casos son los detectados en Belver de Cinca y Albalate de Cinca (Huesca) y otros en las comarcas valencianas de la Ribera y el Maestrat, aunque están proliferando por toda la geografía sin control. Precisamente en el Maestrat las denuncias comenzaron en el verano de 2021 cuando los vecinos de los cañones ubicados en San Rafael del Río denunciaron su hartazgo por las detonaciones, cada pocos segundos, a cualquier hora del día con la llegada de nubes que contenían agua. No fue hasta meses después de las iniciativas de Compromís en el Senado, cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) movió ficha y pidió al ayuntamiento conocer qué tramitación municipal habían tenido la ubicación de estos sistemas en las parcelas 197 y 295 del polígono 5 de la localidad y ante la ausencia de autorizaciones de acuerdo con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el Real Decreto 9/2008 que desarrolla la Ley de Aguas, que prohíbe la modificación artificial del ciclo hidrológico sin autorización de la Administración del Estado o del organismo de cuenca.
La SAT pide permisos un año después
La entidad SAT Cítricos de Covadonga (con sedes en Tarragona, València, Castelló y Huelva) comunica el 10/02/2022 que va a proceder a instalar un sistema de protección contra el granizo, cuando lleva funcionando como mínimo desde el verano de 2021. No es hasta el 30/05/2022 cuando la Comisaría de Aguas solicita a la Oficina de Planificación Hidrológica que eleve un informe-propuesta que deja en manos del organismo de cuenca, del conocimiento que exista sobre la materia y del informe previo del Instituto Nacional de Meteorología al Ministerio. Si además implica la utilización de productos o formas de energía con propiedades potencialmente adversas para la salud, se requerirá informe favorable de la Administración Sanitaria para el otorgamiento de la autorización.
Para Mulet “la Administración debe ser tajante con quien se salta la normativa y solo pide los permisos cuando empieza a enfrentarse a sanciones, después de haber jugado con la salud de los vecinos importándole poco el estado de los recursos naturales que son de todos y están por encima de sus intereses empresariales. Acabaríamos mal si cada explotación agrícola tuviera barra librepara llenar de cañonazos la troposfera, afectando a las especies y a la salud y al descanso de los vecinos sin ninguna clase de garantías de lo que pueda suceder con las tormentas. En este contexto de sequía y cambio climático, lo más sensato es hacer las cosas bien, sancionar a los infractores y cumplir la ley”, denuncia el senador valencianista.
Por eso el representante de Compromís ha invitado al Ministerio y sus organismos competentes a “ser eficaces” y a “comenzar con las sanciones, pues instalaciones ilegales llevarán en pocas semanas un año y medio de funcionamiento ignorando la ley. Entendemos que, con lo que dice Meteorología y la normativa vigente, no queda más por discutir y solo cabe desmantelar estas molestas instalaciones y que sus titulares paguen las sanciones que correspondan por una actividad irregular, peligrosa, prohibida y molesta”.
