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EUPV pide que el Consejo aclare si el director territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas actúa atendiendo a sus creencias religiosas

  • Rosa Pérez Garijo: "Que en una administración que supuestamente prioriza los derechos de la ciudadanía puedan producirse casos como éste, tendría que encenderse todas las señales de alarma y provocar actuaciones de forma inmediata y contundente"

La coordinadora general de Esquerra Unida del País Valenciano, Rosa Pérez Garijo, reclama al gobierno valenciano "que aclare si, tal como ha trascendido a los medios de comunicación, el director territorial de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en Alicante, Antonio Reus, bloqueó el aborto de una menor anteponiendo sus creencias religiosas a las necesidades y la cura de la propia menor".

A raíz de la publicación por parte del diario El Mundo de un caso en que la cabeza de la Conselleria en Alicante supuestamente impidió a una joven de 15 años que abortara, de acuerdo con sus creencias personales como testigo de Jehovà, la coordinadora de EUPV ha mostrado su malestar "porque pasan las horas y todavía nadie de Conselleria ha aclarado si la información es cierta y, por lo tanto, una persona con marcados puntos de fanatismo religioso es la encargada de tomar decisiones tan delicadas".

En palabras de Rosa Pérez, "de confirmarse estas informaciones, que nadie ha desmentido todavía, no puede pasar ni un minuto más sin que la Conselleria adopte medidas para apartar a esta persona de sus funciones. Anteponer cuestiones de creencias religiosas personales por encima del futuro de una persona en situación de gran vulnerabilidad tendría que suponer que esta persona no continuara como director territorial, y además se tendría que investigar el caso y llegar hasta las últimas consecuencias".
La coordinadora general de EUPV se pregunta "si quizás este caso es el único que ha trascendido, pero en realidad ha habido otros. De ser así, la propia consellera Mónica Oltra tendría que dar las explicaciones oportunas, tomar decisiones y asumir responsabilidades".

Rosa Pérez Garijo lamenta "que en una administración que supuestamente prima los derechos de la ciudadanía, y precisamente en una Conselleria que se ocupa de aquellas personas en una situación más desfavorecida y vulnerable, puedan producirse casos como este, tendría que encender todas las señales de alarma y provocar actuaciones de forma inmediata y contundente. Podrían haberse vulnerado los derechos más fundamentales de una menor en situación de riesgo de exclusión social, y consideramos muy grave la simple posibilidad de que la actuación de la cabeza territorial quede impune".

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