UPyD reclama la mediación municipal para evitar que el IVVSA grave en el IRPF de los vecinos las obras de Las 300

El portavoz de UPyD en Elda, César González, ha reclamado en el último pleno al equipo de gobierno del PP que defienda a los vecinos del barrio de Las 300 ante el último “abuso” que han sufrido de manos del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), que está obligando a los vecinos a gravar en su IRPF las obras de rehabilitación de la barriada, pese a que el promotor subsidiario es el Ayuntamiento.

A tal efecto, el edil planteó en la sesión plenaria una serie de preguntas para colaborar con los afectados ante las quejas que les han planteado. El IVVSA ha repercutido en las declaraciones de la renta la subvención para rehabilitar sus casas, concretamente la primera hilera de bloques, comprendido por 64 viviendas y cuatro locales comerciales.

Según han transmitido los representantes vecinales al grupo municipal de UPyD -que ha mostrado su disposición a colaborar con los residentes-, a través de una resolución del Ministerio de Hacienda se les obliga a gravar en el IRPF el incremento patrimonial de la subvención, por lo que cada vecino está siendo obligado a tributar una media de 25.000 euros y otros 100.000 euros por local comercial, cuando en su mayoría los residentes de la zona son ancianos y pensionistas. Toda vez que les impiden vender los inmuebles durante 10 años.

Así pues, González se ha interesado por las actuaciones que ha efectuado el Ayuntamiento para colaborar con los vecinos y apoyar las alegaciones realizadas ante Hacienda para evitar que las mejoras tributen por el concepto citado y que tienen como finalidad la restitución de las condiciones iniciales y mínimas del edificio, así como la mejora de las condiciones de habitabilidad.

González ha pedido a la alcaldesa y al concejal de Urbanismo que tras dos años de espera, “ya es hora de que se reúnan con los residentes para escucharles, darles una solución y apoyarles en sus reivindicaciones”. Así, el edil ha planteado al Ayuntamiento que realice negociaciones ante Hacienda y el IVVSA para atender las quejas vecinales y para que satisfagan los compromisos con los proveedores que no han cobrado y que han trabajado en la rehabilitación.

QUEJA AL SÍNDIC
A este respecto, González ha planteado a los vecinos la posibilidad de plantear una queja ante al Sindic de Greuges para exponer los perjuicio sufridos, puesto que la exigencia de dicho pago “no ha sido justificada, ni procede que sea asumido por éstos, ya que nunca se les comunicó ni se les informó de que estaban obligados a costear ningún gasto en concepto de obras de rehabilitación”, ha indicado González.

Las actuaciones realizadas en el barrio de Las 300 consisten en la rehabilitación estructural de elementos comunes y en la restauración de las fachadas de los edificios. La Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos resolvió en septiembre de 2006 la concesión de subvenciones (con fondos del Ministerio de la Vivienda y la Generalitat), siendo el promotor subsidiario el Ayuntamiento.

No obstante, el IVVSA está obligando a que las subvenciones asociadas a cada vivienda sean liquidadas por los beneficiarios en su declaración de la renta como garantía patrimonial, algo a lo que tanto los vecinos como UPyD se oponen, al considerar que se trata de “restituir las condiciones originales de las viviendas y no incrementar su valor patrimonial, mientras que los propietarios de los inmuebles no han percibido ninguna subvención directamente”.

Las obras del barrio de Las 300 acumulan así su “enésimo despropósito”, puesto que a los retrasos y las deudas con los proveedores, ahora se suma este nuevo bache, a lo que hay que añadir el desfase presupuestario de las obras, que tenían un plazo de ejecución de seis meses y 970.000 euros y lo cierto es que ya van por los dos años y medio y los dos millones y medio de euros de gasto.