El PP desgrana el 'Plan Feijóo' para la Comunitat Valenciana

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha desplegado a sus senadores y diputados para presentar en sociedad el Plan anticrisis de Feijóo en las tres provincias. Así, han desgranado la propuesta del PP para las provincias de Castellón, Valencia y Alicante.

Se trata del ‘Plan de medidas urgentes y extraordinarias en defensa de las familias y las empresas de España’ que Feijóo presentó en abril al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para paliar las consecuencias de la crisis producida por la guerra en Ucrania, y que fue rechazado por los partidos que sustentan al Gobierno, que aprobó su propio plan en el Congreso el pasado jueves.

Las consecuencias de la alta inflación ya obligaron la semana pasada al Gobierno a rebajar sus previsiones de crecimiento económico del 7 al 4’3%, lo que sitúa a España en la cola de la recuperación post-covid de la Unión Europea. Una situación que, para el PP, “no deriva solo de la crisis de Ucrania, sino también de la falta de previsiones realistas”.

El Plan Feijóo plantea, entre otras cuestiones, una rebaja de impuestos “selectiva y temporal”: la bajada del IVA del gas y la electricidad a un 4%, la rebaja del IRPF a rentas de hasta 40.000 euros “para que se pague en función de lo que realmente se ingresa” y una bajada del impuesto de hidrocarburos al 0,021 euros por litro para aliviar a los camioneros y agricultores.

Además, a nivel autonómico han reclamado que se retome la reforma del modelo de financiación. “Provoca que la Comunitat Valenciana deje de ingresar 1.335 millones, lo que que en la práctica es una merma para la sanidad, la educación y las infraestructuras”, ha señalado el expresident Alberto Fabra.

Asimismo, han exigido una mejor gestión de los fondos europeos para “que lleguen a las empresas”. “Hay que rediseñarlos”, ha explicado la senadora Salomé Pradas, que también ha propuesto una reducción del “gasto burocrático de la administración”.

Castellón: ERTES en el Azulejo y una autovía inacabada

Los senadores del PP de Castellón, Salomé Pradas, Alberto Fabra y Vicente Martínez Mus, y el diputado nacional Óscar Clavell, han comparecido para desgranar las medidas a tomar en la provincia.

Pradas ha presentado el plan como “el antídoto a la subida del IPC”, del 11’9% en marzo, que en Castellón supera en dos puntos la media nacional y que ya es la quinta provincia de España con el IPC más elevado.

Una situación que ya está empezando a afectar a la economía productiva, ya que, como ha recordado, en el primer trimestre de 2022 el paro aumentó en 1.800 personas en la provincia, llegando a los 32.000 castellonenses en esta situación.

Especialmente, han apuntado a la situación vivida en el sector azulejero, condicionado por el precio del gas, donde ya se acumulan 30 ERTEs que afectan a 4.500 trabajadores. “Es un drama que casi el 30% de los 16.000 trabajos directos de la empresa azulejera estén en paro”, ha alertado Pradas.

Por su parte, Clavell ha incidido en la importancia de mejorar las infraestrucuras para no perjudicar el crecimiento económico. “Cercanías recortados, AVE con estación en Chamartín o una A-7 que sigue sin desdoblarse entre Vilanova d'Alcolea y La Jana”, ha enumerado el diputado entre los agravios a la provincia.

Al respecto, ha recordado que el Gobierno de Rajoy presentó un plan de 1.500 millones para revitalizar el servicio de Cercanías, mientras que "el Gobierno actual promete otro plan sin ejecutar el anterior". "Los retrasos en los trenes afectan especialmente a trabajadores, estudiantes y personas mayores", ha denunciado Clavell, que ha recordado que las dificultades para moverse también afectan al desarrollo económico.

En cuanto a la afectación en el sector primario, el senador Vicente Martínez Mus ha lamentado que “se negaron las soluciones contra la plaga de cotonet que afecta a los cítricos y ahora se niegan las ayudas”. Además, ha pedido que se aplique la cláusula de salvaguarda para terceros países para evitar la entrada de naranja de otros países en desventaja competitiva con la nacional.

Además, ha alertado de las consecuencias que puede tener la Ley de Residuos recientemente convalidada en el Congreso, al “impedir de forma genérica la quema de rastrojos sin ofrecer alternativas” y “sin que el Gobierno autonómico aclare cuáles serán las excepciones”.

Al hilo de esta ley, Martínez también ha mostrado su preocupación por los fabricantes de envases de la provincia, que verán su actividad limitada, por lo que desde el PP temen “que estas multinacionales tengan la tentación de irse”, al tiempo que han recordado que “esta ley también afecta a las embotelladoras de agua, que son la única actividad económica en algunos entornos rurales de Castellón”.

Valencia: Mazón se reunirá con Puig esta semana para presentarle el plan

En Valencia, por su parte, el presidente de la formación, Vicente Mompó, junto a la diputada nacional, Belén Hoyo, los senadores Fernando de Rosa y Rubén Moreno y los diputados nacionales Óscar Gamazo y Luis Santamaría, han hecho lo propio con el plan.

Así, Hoyo ha hecho hincapié en que “Carlos Mazón vuelve a reunirse con Ximo Puig para tenderle de nuevo, la mano del PP y este tendrá que elegir si quiere estar al lado de Podemos y los nacionalistas o prefiere gobernar con nuestra formación”.

Entre las propuestas que el popular presentará al president se incluyen ayudas de hasta 500 millones para paliar los efectos de la subida del gas y la electricidad, con especial incidencia en transportistas, pescadores, agricultores o autónomos y la recuperación de ayudas para frenar la pobreza energética.

Alicante: No a la tasa turística y agua asegurada

El número uno del PP de Alicante al Congreso, César Sánchez, ha comparecido junto a los diputados por la provincia, Macarena Montesinos y Agustín Almodóbar, que han recordado que el IPC de la provincia de Alicante está incluso por encima de la media nacional, situándose en el 10,5%.

Además, han criticado que se impulse ahora medidas como la tasa turística “que afecta de lleno a un sector crucial alicantino como es el turismo”. Y es que uno de los puntos principales del plan es la bajada de impuestos: “Hay que bajarlos, y esa es una parte crucial de la propuesta fiscal del PP tanto para España como para la Comunitat y los alicantinos”.

En cuanto al tema hídrico, Sánchez ha anunciado una enmienda al articulado de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en el sureste español y que afecta a la provincia de Alicante, “donde proponemos al Gobierno que el agua desalada en ningún caso supere 0,30 céntimos el metro cúbico para los regantes de nuestra tierra”.

Sánnchez ha lamentado que “los regantes del sur de la provincia no solo sufren que el Gobierno de España apueste por cerrar el trasvase del Tajo-Segura, sino que además sufren el incremento de los precios energéticos, lo que hace que sean menos competitivos”

“Son cien mil familias las que viven de la agricultura en nuestra provincia y que necesitan que se les defienda. Hay que tomar medidas para que el precio del agua desalada permita a nuestra agricultura ser competitiva”, ha explicado.