Solicitada la adhesión al Fondo de Impulso Económico para financiar la deuda con los propietarios del solar de Miguel Hernández

El concejal de Hacienda, Paco Roselló, ha anunciado hoy que el Ajuntament de Dénia va a solicitar su adhesión al Fondo estatal de Impulso Económico para financiar la ejecución de sentencias firmes con el objetivo de hacer frente a la sentencia condenatoria que le obliga al pago de 6 millones de euros a los propietarios de un solar de la avenida Miguel Hernández adquirido hace años por el Consistorio para construir allí el segundo centro de salud de la ciudad.

 

El pasado 13 de mayo, antes de la entrada del nuevo gobierno, se firmó con los propietarios del solar un convenio para abonarles este adeudo de 6 millones de euros fraccionadamente hasta 2025. Ello generaría unos intereses de 2,4 millones de euros que ahora, con la adhesión al Fondo de Impulso Económico, el gobierno ahorrará a las arcas municipales.

 

Según las condiciones que establece el fondo, durante el primer año no se abonarán intereses y los dos años siguientes, hasta 2018, son de carencia. Luego los intereses serán los fijados para la deuda pública, según ha matizado Roselló.

 

El plazo para solicitar la adhesión del Ajuntament de Dénia a este Fondo de Impulso Económico finaliza el próximo 15 de julio. Por este motivo, el concejal de Hacienda ha convocado hoy una comisión especial extraordinaria en la que se tratará este asunto con la intención de someterlo a la aprobación de un pleno extraordinario el próximo lunes por la tarde.

 

Previamente se celebrará la Comisión Especial de Cuentas para dar a conocer las cuentas generales de 2014. La comisión se convoca con carácter extraordinario porque los plazos oficiales que establecen que as cuentas generales del pasado ejercicio tenían que estar preparadas antes del 15 de mayo y la comisión general de cuentas haberse convocado antes del 1 de junio, no se cumplieron en la anterior legislatura. Estas cuentas se expondrán al público para la presentación de alegaciones durante 23 días y el objetivo, ha indicado Roselló, es que estén aprobadas antes del 1 de octubre, fecha límite que marca la ley.