El Consell reclama a Cullera 2 millones de euros por los proyectos del Manhattan
Las deudas del anterior gobierno del Partido Popular de Cullera siguen aflorando. Esta vez es la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) –el antiguo IVVSA– la que exige al ayuntamiento el pago de cerca de dos millones de euros por gastos originados en concepto de redacción de informes, estudios y proyectos relacionados con el polémico plan urbanístico del Manhattan.
Las facturas reclamadas se generaron en la época del exconseller de Territorio y Vivienda Rafael Blasco —ahora en prisión— y del exalcalde Ernesto Sanjuán a raíz de un convenio firmado en diciembre de 2003 entre el consistorio y el IVVSA para la gestión y el desarrollo del denominado oficialmente como Plan Parcial del Sector NPR-5 'Bega-Port'.
En dicho convenio el IVVSA asumía la ejecución y financiación de las actuaciones en el PAI. A cambio, Cullera cedía el 40 % del excedente de aprovechamiento que le correspondía de la actuación, cesión que se materializaría en parcelas para la construcción de viviendas de protección oficial. Además, el municipio debía retribuir al IVVSA por su labor urbanizadora y pagar estos trabajos en metálico o bien mediante la cesión de terrenos para la construcción de viviendas públicas.
En cumplimiento del convenio, el IVVSA contrató a los equipos que redactaron los documentos y tramitaron el PAI, aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de de Urbanismo de Valencia el 5 diciembre de 2007.
Reclamación sin respuesta
Posteriormente, en el año 2009 el IVVSA empezó a reclamar al consistorio el abono del coste de los proyectos sin que el anterior gobierno hubiera dado respuesta alguna a este requerimiento, según ha podido averiguar el nuevo gobierno municipal presidido por el socialista Jordi Mayor.
El alcalde dio a conocer esta circunstancia a la opinión pública durante el transcurso del pleno de febrero, celebrado ayer. El socialista recriminó al Partido Popular su gestión al frente del consistorio y lamentó que «cada vez nos encontramos con una reclamación de su época de gestión a los ciudadanos de Cullera nos cuesta unos cuantos millones».
Relación rota
El convenio, que tenía una vigencia de dos años, caducó y nunca se prorrogó. «Desde entonces la relación entre el IVVSA y el ayuntamiento se rompe», denunció el primer edil. De hecho, posteriormente, y sin consenso con la Conselleria, el gobierno de Cullera propuso a la Empresa Municipal Urbanizadora de Cullera (EMUCSA) como agente urbanizador y el consistorio asumió la gestión directa municipal el PAI.
Cuando en septiembre de 2011 el DOCV publicó la exposición al público del Proyecto de Reparcelación, no se hizo mención expresa a los derechos del IVVSA según el convenio suscrito, relativos por una parte al 40 % del excedente y por otra a la retribución de las cargas de urbanización.
En octubre de ese mismo año, el IVVSA dio otro paso para intentar cobrar su parte y remitió al ayuntamiento un escrito manifestando la necesidad de revisar el convenio suscrito y solicitando la paralización de la tramitación de la reparcelación expuesta, hecho este último al que el consistorio se negó.
Tras aquel episodio, ahora el EIGE reclama 1.367.293,35 euros por la inversión realizada hasta ahora en el PAI más otros 281.808,49 euros exigidos judicialmente por el redactor del proyecto de reparcelación —que se los demanda al EIGE— más los costes judiciales y el 4 % del importe total de los gastos de gestión. En total, el consistorio calcula que los pagos podrían ascender a 2 millones.
Exigen las facturas y los expedientes
El alcalde comunicó que ante esta nueva deuda de la época del PP «hemos solicitado al EIGE ver las facturas y los expedientes de contratación de esos trabajos» para investigar cómo se llevaron a cabo y a quién se pagaron. «En caso de irregularidades, tomaremos las medidas oportunas», ha advertido Mayor.
