Cuatro sindicatos denuncian que la reforma judicial en la Comunitat Valenciana se implanta sin presupuesto ni planificación
CSIF, STAJ, Intersindical Justicia y UGT alertan de que la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia carece de dotación económica adicional
Las organizaciones sindicales advierten de que la reforma consolida déficits históricos y perpetúa la precariedad laboral en el sector
Las organizaciones sindicales CSIF, STAJ, Intersindical Justicia y UGT han denunciado este martes que la implantación de la reforma judicial en la Comunidtat Valenciana se está realizando sin los recursos necesarios y de forma improvisada. Los sindicatos alertan de que el nuevo modelo derivado de la Ley Orgánica 1/2025 supone un cambio meramente estético que no mejorará el servicio público de Justicia. La puesta en marcha de los Tribunales de Instancia, las Oficinas Judiciales, las Oficinas Generales del Registro Civil y las Oficinas de Justicia en los Municipios se está llevando a cabo, según denuncian, vulnerando los derechos laborales y los principios organizativos más básicos de cualquier Administración de Justicia Pública.
Una reforma sin dotación presupuestaria
Los cuatro sindicatos subrayan que no existe dotación presupuestaria adicional para acometer esta transformación. Tampoco se ha realizado una adaptación de infraestructuras ni un estudio de cargas de trabajo. Además, critican la ausencia de participación de las plantillas y sus representantes legales en el proceso. La situación se agrava, según las organizaciones firmantes, porque los propios responsables públicos han confirmado que no se destinará ni un solo euro más al desarrollo de esta reforma. Esta circunstancia convierte la transformación en "una actuación meramente cosmética cuyo propósito es aparentar un cambio estructural inexistente", señalan.
CSIF, STAJ, Intersindical Justicia y UGT advierten de que este escenario, junto con la aprobación de las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo, consolida déficits estructurales históricos en lugar de resolverlos. Según su valoración, la reforma renuncia a reforzar las plantillas, aumenta la burocracia y reduce la capacidad operativa de juzgados y oficinas. Las organizaciones sindicales también denuncian que no se ha consolidado ningún puesto de trabajo en situación de fraude de ley, incumpliendo la normativa vigente. Esta circunstancia evidencia, a su juicio, que el objetivo real no es fortalecer el servicio público de Justicia, sino perpetuar la precariedad y la desprotección de los trabajadores del sector.
Polivalencia forzosa sin garantías
La supuesta especialización funcional que anuncia la reforma se traduce, en la práctica, en una polivalencia forzosa sin criterios comunes ni garantías, según los sindicatos. Las decisiones funcionales se toman de forma arbitraria, generando inseguridad operativa y desplazando actividades sin planificación ni control. Esta situación tiene consecuencias inmediatas en la correcta tramitación de los expedientes, en la salud laboral de los empleados públicos y en el derecho de la ciudadanía a una justicia eficaz, advierten las organizaciones firmantes.
Por todo ello, CSIF, STAJ, Intersindical Justicia y UGT exigen a la Administración una reforma real y responsable. Los sindicatos reclaman financiación suficiente, planificación efectiva, negociación colectiva y respeto a los derechos laborales para poder mejorar de verdad el servicio público de Justicia. Las cuatro organizaciones coinciden en que solo con estos recursos será posible ofrecer a la ciudadanía valenciana el servicio de Justicia que merece, con garantías reales de funcionamiento y calidad en la prestación.
