La Comunitat Valenciana lidera el ranking de okupas en España: ¿Beneficia o perjudica la nueva Ley de Vivienda?

La okupación se ha convertido en uno de los grandes problemas para los propietarios de viviendas a nivel nacional y especialmente en la Comunitat Valenciana. El territorio se sitúa a la cabeza como la región de España con mayor número de okupas y además la cifra aumenta casi un 14% en 2022 respecto al año anterior.

Ante esta situación y con la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda, cuyo marco legar podría beneficiar a estas personas, los dueños de las viviendas buscan blindarse ante una posible okupación con un respaldo legal que les proteja. Sin embargo, “el miedo siempre está ahí” explica Alberto Añaños, CEO de la plataforma de alquiler para estudiantes LIVE4LIFE.

Los expertos consideran que la nueva ley alimenta esta práctica y hasta Alberto Núñez Feijóo la califica de “incentivo”, ya que modifica el protocolo de actuación ante la okupación.

Trabas para desalojar a los okupas

Así pues, la policía no podrá actuar por sorpresa para pillar de imprevisto a los asaltantes, sino que estarán a obligados a comunicar día y hora. También se van a desestimar las demandas en las que no se especifique o demuestre que el okupa ha hecho de la vivienda okupada su residencia habitual.

Si el propietario es un gran tenedor, es decir, dispone de más de 10 inmuebles, para poder iniciar el proceso judicial deberá acreditar con pruebas en su demanda si el okupa está o no en una situación de vulnerabilidad. Algo realmente difícil de demostrar, puesto que para conseguirlo se puede atentar contra el derecho a la protección de datos del afectado.

Por ello, con esta nueva ley todo el peso recae en el propietario, quién deberá encargarse de recopilar las pruebas y tratar de demostrar que la vivienda está siendo okupada. Así pues, los procesos de desahucios se podrían alargar y prolongar aún más en el tiempo.

Actualmente, una residencia okupada puede tardar más de dos años en ser devuelta a su propietario. Además, entre ausencia de cobro mensual, proceso judicial, gastos de luz que se puedan generar y posibles destrozos, el montante total por el arrendador puede ascender a más de 20.000 euros.

Sin embargo, desde el gobierno advierten de que el objetivo es proteger a las familias vulnerables frente a los desahucios y en ningún caso al okupa. En el caso de que se demuestre la vulnerabilidad del inquilino, se suspenderá el desahucio hasta que la Administración encuentre una vivienda alternativa durante un periodo de dos meses si el demandante es una persona física o de cuatro si es jurídica.