Compromís reclama en el Senado un fondo sanitario especial para el País Valenciano para garantizar una adecuada asistencia en verano
Mulet a Montero: “Que pague los millones y que no enrede”. La coalición recuerda que la autonomía aumenta su presión asistencial de forma notable verano tras verano y que existe una deuda multimillonaria por el FOGA histórico
Compromís ha reclamado en el Senado que el Gobierno central destine un fondo sanitario especial para el País Valenciano, como autonomía que aumenta su presión asistencial fruto de desplazamientos de ciudadanía en verano, para destinarlo al refuerzo de los equipos de personal de atención primaria en los centros de salud, a la compra de material específico, cobertura farmacéutica y otras medidas para garantizar la correcta atención sanitaria a la población y control de la pandemia de la COVID-19 el próximo verano.
Carles Mulet, portavoz de la coalición y miembro de la comisión de Sanidad de la Cámara Alta recuerda que “la deuda con la Generalitat ha sido cuantificada en más de 400 millones de euros y nuestra autonomía quiera reconocerlo la ministra o no, ha realizado un gran esfuerzo en material, hospitales de campaña y prevención de la pandemia y no podemos seguir así si todo este trabajo no se reconoce y se paga en la justa medida que nos corresponde. Lo del Estado con los valencianos es un suma y sigue intolerable”, ha denunciado.
Por eso le ha pedido a la titular de Hacienda que abone de una vez el pago del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) Histórico del Ministerio de Sanidad a la Generalitat pendiente desde el paso del siniestro Cristóbal Montoro por la cartera de Hacienda “algo que seguramente ella también sufriría como consejera de Andalucía y que por A o por B la actualidad siempre acaba penalizando a los valencianos que siguen maltratados por el Gobierno central”, señala Mulet. El senador ha reclamado a Montero que “no enrede, pague lo que nos debe y se deje de entregas a cuenta y más FLA, ya que es un callejón sin salida para nuestra autonomía y un sobreendeudamiento que no nos merecemos”.
El País Valenciano es uno de los territorios de todo el Estado español que más aumentó la presión asistencial registrada durante los meses de verano, fruto del aumento considerable de la población en los departamentos de salud de zonas de costa, por el traslado a segundas residencias o a espacios vacacionales de personas de otras autonomías del Estado. Fruto de estos traslados, durante la época veraniega municipios como por ejemplo Orpesa, Benidorm, Altea, Santa Pola, Guardamar o Torrevieja multiplican por 5 su población, municipios de la Marina Alta por 8, y otras como por ejemplo Peníscola, Benicàssim, Almenara o Cullera por 10. Y en el mismo sentido, se experimenta una multiplicación proporcional en la atención en los centros de salud, hospitales y establecimientos farmacéuticos.
Este aumento de la presión asistencial obliga, todos los años, a la Conselleria de Sanidad a plantear planes especiales para atender a toda esta ciudadanía desplazada de otras autonomías. Unos planes especiales que, en el verano de 2019, supusieron un gasto de más de 61 millones de euros.
Fruto de esta cobertura a la ciudadanía que no reside en el País Valenciano, el Estado debe a la Generalitat Valenciana más de 340 millones de euros mediante el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) del Ministerio de Sanidad. Mulet recuerda que “Montero llegó a prever para este 2020, un total de 416,5 millones que se le deben a València por el FOGA (Fondo de Garantía Asistencial de Sanidad) a cuenta del ejercicio presupuestario de 2019, que finalmente tampoco ha abonado”.
Desescalada en verano
Este verano, y ante el eventual desescalada de las medidas de confinamiento adoptadas el pasado mes de marzo por la crisis sanitaria de la COVID-19 que prevé eliminar todas las restricciones de movilidad a finales de junio, se prevé de nuevo un notable incremento de la presión asistencial en los departamentos de salud valencianos, con la complejidad que la pandemia de la COVID-19 comporta, en cuanto a la atención diferenciada a la sintomatología de este virus, la necesidad de efectuar test, reservar camas de UCI, y otras medidas añadidas que será necesario poner en marcha respecto a campañas de verano anteriores.
Dado que el Estado tiene que garantizar una adecuada desescalada y gestión de la pandemia de la COVID-19 más allá de la finalización del estado de alarma, y que esta gestión pasa por garantizar los recursos suficientes para que las comunidades autónomas puedan desarrollar una atención sanitaria suficiente para contener el virus, se tiene que proveer a los diferentes gobiernos autonómicos de recursos, también, para atender a toda la población desplazada, considerando el aumento del riesgo de contagio que suponen estos desplazamientos masivos de población y las consecuencias que pueden tener en los sistemas de salud y en el conjunto de la sociedad.
