Compromís pide modificar la Ley General de Sanidad para garantizar la atención en valenciano y castellano

El grupo parlamentario Compromís ha registrado en Las Cortes Valencianas una proposición no de ley con que se insta el gobierno central a realizar los cambios normativos oportunos en la legislación estatal para acabar con la vulneración de derechos lingüísticos que numerosos usuarios de la sanidad están sufriendo y denunciando en el territorio valenciano.

Concretamente Compromís reclama modificar el artículo 10.1 de la Ley 14/1986 General de Sanidad a fin de introducir, entre los derechos que asisten los pacientes en su relación con las administraciones públicas sanitarias, los derechos lingüísticos, con el objetivo de que todas y todos los ciudadanos sean atendidos en cualquier de sus lenguas oficiales en el territorio respectivo.

Según explica la diputada Nathalie Torres “en los últimos meses se han denunciado múltiples casos de vulneración de los derechos lingüísticos en centros sanitarios valencianos. Estas personas se han visto en situaciones muy desagradables porque se les ha negado la atención por el simple hecho de hablar valenciano. Han trascendido los hechos ocurridos en Benilloba, Alfafar, Quart de Poblet o Alicante porque se han llegado a denunciar públicamente: a asociaciones en defensa de la lengua, al Síndic de Greuges, a la Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat o a la Consellería de Sanidad, pero hay otros muchos que no se denuncian, cosa que no significa que no existan”.

Ante esta situación desde Compromís se quiere recodar que el Código del Consejo de Colegios Médicos Valencianos establece en el artículo 4 los deberes a que están obligados los médicos y las médicas en la práctica de su profesión:

1. La profesión médica está al servicio del hombre y de la sociedad. En consecuencia, respetar la vida humana, la dignidad de la persona y la cura de la salud del individuo y de la comunidad, son los deberes primordiales del médico.
2. El médico tiene que atender con la misma diligencia y solicitud todos los pacientes, sin ninguna discriminación.
3. La principal lealtad del médico es la que debe a su paciente y la salud de este tiene que anteponerse a cualquier otra conveniencia.
4. El médico nunca perjudicará intencionadamente el paciente ni lo atenderá con negligencia. Evitará también cualquier demora injustificada en su asistencia.

Así mismo la propia Ley General de Sanidad dispone que el acceso y las prestaciones sanitarias se tienen que realizar en condiciones de igualdad efectiva y en el artículo 10 enumera los derechos de los pacientes en relación con las diversas administraciones públicas sanitarias, que concreta, en el punto 1: «En cuanto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser discriminado por su origen racial o étnico, por razón de género y orientación sexual, de discapacidad o de cualquier otra circunstancia personal o social.»

En este sentido Torres remarca que de acuerdo con nuestro Estatuto de Autonomía, el valenciano es lengua propia y, junto con el castellano, lengua oficial, en conformidad con lo que dispone la Constitución. Por eso, nadie puede ser discriminado por razón de lengua, y usar el valenciano es un derecho de las ciudadanas y de los ciudadanos como también una obligación de la Administración garantizar el uso normal y oficial.

“Esta garantía -ha añadido la parlamentaria de Compromís- es más notoria si pensamos en un paciente explicando un problema de salud y la necesidad tanto de hacerlo en su lengua propia como de ser entendido y atendido. Por eso las administraciones tienen que hacer un esfuerzo de protección y garantía de los derechos lingüísticos de las personas que hablan lenguas oficiales diferentes del castellano, especialmente en el ámbito sanitario, donde la vulneración de estos derechos incrementa exponencialmente la vulnerabilidad de las personas. Consideramos que el cambio normativo que proponemos es una reclamación justa. Sería la manera de reparar el daño que ya se ha infringido sobre demasiadas personas y una forma de evitar que esta vulneración de derechos continúe ocurriendo”.