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Compromís insta al Gobierno a regular el derecho al acceso a una vivienda digna en todo el Estado ante el fracaso de las políticas de vivienda

Compromís insta al Gobierno a regular el derecho al acceso a una vivienda digna en todo el Estado ante el fracaso de las políticas de vivienda
  • Mulet señala que “el porcentaje mínimo de vivienda social en nuestro país ha dejado libre el camino al aumento imparable de los precios de alquiler”

Compromís ha registrado una moción en el Senado instando al Gobierno a aprobar una Ley de Vivienda estatal que garantice de forma efectiva el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible, y adecuada como derecho subjetivo en todo el Estado.

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha manifestado que “urge una regulación para ampliar el parque público de alquiler social, una regulación estatal de alquileres a precios justos y destinar un 2% del presupuesto estatal para acercarnos a la media europea”. En su opinión, si en Austria las viviendas de protección oficial (VPO) son el 23%, en Países Bajos un 32% o el 18% en Inglaterra mientras que en España solo representa el 8,5% “es evidente que son muy necesarias medidas que contenten a propietarios y jóvenes que buscan emanciparse, porque hay un problema grave de millones de viviendas vacías, especulación y grandes tenedores”.

En este sentido la moción señala la nefasta política seguida desde el Ministerio de privatizar la vivienda de alquiler y desprenderse de unos inmuebles construidos con el dinero de todos. “Recientemente los casos más graves e indecentes que hemos conocido están protagonizados por la SAREB, creada en el año 2012 y que tenía como parte de su responsabilidad social corporativa, un programa de promoción de vivienda social, con un parque habilitado de 4.000 viviendas para fines sociales que ahora está tratando de desalojar a cientos de familias en VPO de Alfafar y Torrent tras notificarles la no renovación del alquiler. Todo ello en pleno estado de alarma y en el contexto de la pandemia, o jugando a la especulación con controvertidos programas que colisionan con el Plan de Protección de l’Horta de València, que afecta a 45 poblaciones y es la herramienta necesaria para la conservación de este elemento geográfico tan característico del País Valenciano. Es decir, SAREB promueve sectores manifiestamente incompatibles con las premisas ambientales de este territorio, recurriendo normas y planes y alejándose de cualquier responsabilidad social, con la permisividad del Gobierno”, denuncia el senador.

Mulet ha presentado distintas preguntas para conocer las pretensiones del Gobierno ante la actuación de la SAREB, la legalidad de estas actuaciones y cómo van a corregirse estas políticas de vivienda.

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