Compromís exige al Gobierno central la mejora de la Ley de Contratos del Sector Público par agilizar la gestión de las administraciones
El diputado y portavoz de Compromís en la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local en las Corts, Silverio Tena, ha presentado una propuesta para que el parlamento valenciano pida al Gobierno central actualizar el régimen jurídico en materia de contratación pública a través de la implementación de diferentes principios, contenidos en las directivas europeas, en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para hacer de esta ley una norma jurídica más accesible para todos los municipios, atendiendo a la diversidad de recursos y capacidades de los diferentes ayuntamientos del Estado.
Según Tena, “encontramos que la actual ley está hecha para que la administración funcione al ralentí, puesto que resulta excesivamente compleja para muchas entidades públicas, especialmente para los ayuntamientos y más especialmente para los más pequeños. Y es que los requisitos que afectan a la gestión corporativa contractual van mucho más allá que lo que exige la normativa europea”.
“Todo esto hace necesario reformarla, además teniendo en cuenta la actual coyuntura política y social marcada por la incidencia de la COVID-19 que hace surgir nuevas necesidades. Unas necesidades que, por otro lado, sin una gestión más eficiente es muy complicado atender. La contratación del sector público es además un recurso clave para contribuir a las cuentas públicas al mismo tiempo que mejora la oferta de los servicios públicos que las administraciones dan a los ciudadanos y ciudadanas”.
“Además, desde Compromís también pedimos al gobierno de España que posibilite la contratación de personal en las diferentes administraciones territoriales, mediante una nueva regulación de la oferta de empleo público que permita la incorporación de efectivos para cubrir las vacantes existentes, o para desarrollar lugares de refuerzo que agilicen la gestión pública”.
“En el actual escenario de pandemia que nos rodea, la atención a la ciudadanía tiene que ser todavía más cuidadosa. Pero si no hay suficiente personal que proporcione esa atención en las administraciones más próximas, como los ayuntamientos, no podremos llegar a una atención cualitativa ni cuantitativa”.
“Y ahora, si bien es cierto que desde el Ministerio de Hacienda se ha suspendido la regla de gasto, permitiendo que los consistorios puedan acceder a su superávit, esto no es suficiente. Hace falta que la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, la anule porque solo con la suspensión no se garantiza que en un futuro no se vuelva a bloquear la contratación pública”, ha concluido el diputado Silverio Tena.
