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Compromís enmienda en el Senado la Ley de Cambio Climático para pedir una moratoria de las MAT y los macroparques hasta conseguir el consenso necesario

Compromís enmienda en el Senado la Ley de Cambio Climático para pedir una moratoria de las MAT y los macroparques hasta conseguir el consenso necesario
  • Compromís y Chunta se entrevistarán hoy para abordar una estrategia común frente a los proyectos energéticos que afecta al territorio de Castelló yTeruel

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha anunciado hoy que la coalición va a presentar cerca de un centenar de enmiendas a la Ley de Cambio Climática y Transición energética, ahora en debate en el Senado.

Precisamente hoy, representantes de Compromís en la administración autonómica valenciana como Rosa Pardo, Directora General d’Ordenació del Territori  junto a miembros de la Diputación Provincial como el diputado Ignasi Garcia o el senador Carles Mulet, mantendrán una reunión de trabajo con sus homólogos de Chunta Aragonesista en el Gobierno de Aragón, como Jose Manuel Salvador, Director General de Ordenación Del Territorio, para abordar de manera conjunta un posicionamiento ante proyectos como la MAT Forestalia que pretende dar salida por líneas de muy alta tensión a la energía generada por el clúster del Maestrazgo de Teruel

Compromís, en colaboración con Chunta Aragonesista, va a registrar  enmiendas deberán debatirse en la sesión de la comisión de Transición Ecológica de este viernes, y pasarían, aceptadas o no, a debate en el pleno de la semana próxima.

En las que respecta al despliegue de las energías renovables, Compromís propone  una disposición adicional en la ley en el cual estipular  estas  debe llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial,  y para ello se propone que se establecerá una moratoria de 24 meses desde la aprobación de la Ley sobre proyectos de centrales renovables con una potencia superior a 30 MW que no hayan iniciado la fase de construcción, con el objetivo de mejorar y declarar oficiales los mapas de zonificación ambiental para energías renovables desarrollados por el MITECO donde se definan zonas de exclusión de centrales renovables de grandes, dimensiones con carácter vinculante, además de ordenar adecuadamente los nodos del sistema eléctrico a través de las subestaciones de evacuación. Además de dotar a los ayuntamientos afectados de la capacidad de poder condicionar la ubicaciones en aquellas plantas de dimensiones considerables que puedan hipotecar el desarrollo futuro de su propio municipios.

Igualmente, otra de las enmiendas, pide regular en la ley una  moratoria en la construcción de Líneas eléctrica a 400 kV o más hasta conseguir el consenso necesario social y con los ayuntamientos y administraciones supramunicipales por los cuales discurren estos trazados y garantizar que estas infraestructuras no causen un daño irreparable en medio natural y en el propio territorio que pueda ser contraproducente  con los propios objetivos del gobierno de revertir la desvertebración territorial y el vacío poblacional de ciertos territorios

Entre las propuestas de Compromís están que el despliegue de las energías renovables debe llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural, el paisaje, su adecuada integración, su proporcionalidad y la adecuada ordenación territorial. La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, propiciarán en su normativa que las cubiertas de naves industriales y degradadas, cercanas a los puntos de mayor consumo energético, sean emplazamientos y parques solares.

O una clara apuesta por el Autoconsumo, Comunidades Energéticas Locales y participación de la ciudadanía en el modelo energético.

Con  las medidas necesarias para garantizar a los consumidores el derecho a producir, consumir, almacenar y vender su propia energía renovable, mediante el autoconsumo energético individual y colectivo, eliminando las barreras existentes. Así mismo, establecer los sistemas adecuados para garantizar la participación en el autoconsumo y las comunidades energéticas de los consumidores en situación de pobreza energética y los arrendatarios, con frecuencia vulnerables, para que puedan beneficiase de la reducción de consumo de energía y los precios de suministro más bajos.

Para ello se propone igualmente modificar la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar y flexibilizar las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las Comunidades de Propietarios, impulsar el autoconsumo con el objetivo de que, al menos, un 30% de los hogares auto consuman energía en 2030. ,  desarrollar el marco normativo para definir las comunidades energéticas locales como entidad jurídica

También se pide fomentar el autoconsumo con la  generación de  energía renovable, incluido para su propio consumo, almacenar y vender su excedente de producción de electricidad renovable, en particular mediante contratos de compra de electricidad renovable, acuerdos comerciales con proveedores de electricidad y entre pares, sin estar sujetos a procedimientos y cargos discriminatorios o desproporcionados y a tarifas de la red que no reflejen los costes.

Igualmente se pude destinar una cuota del 20% de la capacidad a subastar para pequeños proyectos de potencia máxima de 10 MW, 10 conectados a tensión inferior a 45 kW con el fin de aprovechar los potenciales beneficios para el sistema eléctrico.

O planificar adecuadamente el modelo de transición energética hacia las energías renovables, evitando impactos no deseados sobre el territorio y combinando la generación renovable con medidas de eficiencia energética, decrecimiento y autoconsumo.

Otra de las propuestas piden evitar que los  espacios naturales frágiles se vean afectados centrales renovables de grandes dimensiones y fuerte impacto sobre el territorio. Las políticas de adaptación para anticiparnos a los impactos y favorecer la recuperación tras los daños son necesarias en todos los sectores de nuestra economía, así como la introducción de la variable climática en las políticas sectoriales, incluida la de salud pública.

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