Compromís denuncia en el Senado el bloqueo político a investigar Castor y presentará una Proposición de Ley sobre el coste de su desarmado
La coalición insiste en que debe ser la empresa promotora quien se haga cargo de la deuda contraída con los bancos, de los 70 millones del sellado y abandono y de los 260 millones de desmantelar las dos plantas y gaseoductos y no los ciudadanos
“La mayoría de PP y PSOE en el Senado está bloqueando que se tramite la Comisión de Investigación que más de 25 senadores han solicitado estampando su firma y cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento del Senado respecto esta clase de órganos. Son indecentes tales comportamientos antidemocráticos”, ha denunciado el portavoz de Compromís Carles Mulet, uno de los firmantes y promotores de la iniciativa
El senador ha pedido a las formaciones que ejercen este bloqueo que cesen en su bloqueo “por ética, transparencia y decencia” ya que de una forma perversa se están oponiendo a la voluntad de un grupo de representantes de distintos territorios que han sido afectados por este enorme chapuza y vergüenza para la ingeniería española como ha sido Castor. Además, ha anunciado que la coalición va a registrar la #LeyCastor, una iniciativa en forma de Proposición de Ley de la sociedad civil concretamente del Grupo Ciudadano Caso Castor compuesto por Xnet, Observatorio de la Deuda e Instituto por los Derechos Humanos, que promueve la batalla judicial en este caso y que reclama que sea ACS de Florentino Pérez quien se responsabilice por los pagos, indemnizaciones y actuaciones consecuencia de las chapuzas de un proyecto mal diseñado y ejecutado.
“Hoy hemos sabido que los trabajos de sellado del almacén, sus trabajos de estudios sísmicos pueden acabar costando 77 millones de euros que se sumarán a los 260 millones de euros adicionales, un vergonzoso suma y sigue de un proyecto cuyas plantas cuestan 15 millones de euros anuales por mantener sin actividad”, ha reprochado Mulet.
Según la Ley de Hidrocarburos en vigor, el concesionario tenía la obligación previa de aprobar un plan de desmantelamiento y abandono de las instalaciones para ejecutarlo al final de su vida útil partiendo de esta garantía financiera. Escal UGS, sin embargo, no elaboró ni el plan ni hizo efectiva la dotación. A finales de 2014, las instalaciones acabaron revirtiendo al Estado que indemnizó con 1.350 millones de euros a las empresas de Florentino Pérez a pesar de la evidente “chapuza” y peligro que ha supuesto esta obra.
La Proposición de Ley prevé el inicio de un procedimiento judicial para recuperar la cantidad abonada por ENAGÁS a la concesionaria Escal UGS ya que el TC anuló el contrato que generó la deuda por lo que esta no debe recaer sobre el Estado y en consecuencia sobre la ciudadanía; que una comisión parlamentaria revise las partidas presupuestarias y el informe técnico completo del proyecto ya que revisando las cuentas de ACS es evidente que puede asumir los costes que ha generado y más habiendo repartido dividendos; la revisión por el Gobierno de los elementos técnico-jurídicos del proyecto y determinar los mecanismos para un cierre justo. Simultáneamente se redactará un Proyecto de Ley para que el coste del desmantelamiento no recaiga en la ciudadanía a través de mecanismos directos o indirectos.
Proceso de desmantelamiento
En la documentación desvelada en 2019 por la coalición valenciana consta que desmantelar las plataformas marinas –la de procesos, que pesa 9.000 toneladas sobre una estructura de 4.700, y la de los pozos con 1.200 toneladas de peso y una estructura de 1.400-, con 159,35 millones de euros; el abandono de los trece pozos, 58,16 millones; y el desmantelamiento de la planta terrestre de operaciones y restitución de los terrenos, con 18,93 millones de euros previstos; así como 8,4 millones para la limpieza y la reposición del entorno marino.
Por el contrario, dentro del presupuesto no constan partidas para el desmantelamiento del gasoducto, que quedaría abandonado en el fondo marino.
