Compromís advierte del riesgo para la protección de datos sensibles de la negativa del Gobierno a que la Generalitat gestione el Ingreso Mïnimo Vital
Mulet afirma que “no hay ningún argumento técnico ni de gestión para que el Gobierno central usurpe la gestión social, y supondrá un grave error”
“La decisión del Gobierno de no ceder a la Generalitat la gestión del Ingreso Mínimo Vital desde la implantación de la medida, además de no estar justificada, y de generar duplicidades que complicaran la eficiencia i rapidez de la gestión, pueden provocar también problemas respecto la protección de datos, ya que para acceder a las ayudas se tendrán que verificar datos sensibles de las personas solicitantes”. Así lo ha manifestado la síndica adjunta de Compromís en les Corts, la vila-realense Mônica Àlvaro, que ya traslado el problema ayer ante la Comisión de Reconstrucción de les Corts. Asimismo, el senador Carles Mulet también ha anunciado que trasladará el asunto a la Cámara Alta para clarificar el problema.
“La decisión arbitraria de dejar fuera de la gestión de estas ayudas a una administración como la Generalitat que viene gestionando desde hace más de dos años la Renta Valenciana de Inclusión, que es un modelo pionero y muy anterior al Ingreso Mínimo Vital no tiene ningún sentido, y las explicaciones del ministro José Luis Escrivá no sólo han resultado insuficientes, sino inexplicables y una desprecio para la Generalitat, que viene gestionando la Renta Valenciana de Inclusión desde hace tiempo”.
Para Àlvaro, “es un sinsentido que el Gobierno haya rechazado que la Generalitat gestione las ayudas, pero lo es más cuando parece que será el Grupo Tracsa quien lo haga. Eso supone que esta empresa tendrá acceso a datos sensibles y particulares de la ciudadanía y debemos ser muy cuidadosos con dichas informaciones. Supone un riesgo innecesario de dicha información, ya que la Generalitat i la Conselleria de Igualdad ya disponía de dicha información”.
“Grave error del Gobierno”
Por su parte, el senador Mulet ha insistido en que “en un momento de emergencia como este la gente necesita eficacia, rigor e inmediatez, y hay recordar que quien ha estado gestionando hasta ahora las políticas sociales y la rentas para personas en riesgo de vulnerabilidad han estado las CCAA, porqué son competencias transferidas, y también porqué ha sido una prioridad en gobiernos como el del Botànic”. Por ello, según Mulet, “esa ansia de centralizarlo todo es un error gravísimo; porque no va a generar mejores resultados; la central no es una administración preparada para gestionar este tipo de ayudas, mientras la autonómica ya lo está haciendo. No existe ninguna razón técnica ni lógica para querer usurpar el Gobierno este tipo de gestiones a las CCAA, más allá de la puramente política, y más cuando se ve un doble rasero, de País Vasco sí, Navarra sí y parece que Catalunya sí, pero el resto, no soñarlo"
