Los socialistas proponen un convenio entre Ayuntamiento y Obispado que regule el uso de la basílica del Lledó

La concejala socialista Patricia Puerta considera “inaudito” que el prior de la basílica de Lledó, que forma parte de la plantilla del Ayuntamiento de Castellón, tenga un sueldo superior al que percibe un obispo e incluso los cardenales. “Es incomprensible que un sacerdote siga cobrando del Ayuntamiento en pleno siglo XXI, pero es más incomprensible aún que el Ayuntamiento le esté pagando un salario más alto del que cobra el obispo de la diócesis o al arzobispo de Toledo”, indica.

El grupo socialista planteó al pleno la amortización de dos plazas de sacerdote municipales. El equipo de gobierno solo transigió en la eliminación del puesto de trabajo adscrito al cementerio, cuyas instalaciones son gestionadas desde hace años por una empresa semipública en la que el Ayuntamiento está en minoría La plaza estaba vacante pero no se eliminaba del la plantilla y estaba dotada de presupuesto. En 2014 dejará de existir.

Sin embargo, el Partido Popular se negó a eliminar la plaza del prior de la basílica del Lledó, que percibe 20.000 euros del presupuesto del Ayuntamiento. A esa cantidad, el religioso suma un porcentaje de los aranceles por la celebraciones religiosas que se celebran en el templo, que es de propiedad municipal. De los 270 euros que una pareja paga por casarse, 100 se reparten entre la basílica, la sacristía y el propio sacerdote, según consta en la propia página web del centro religioso.

Puerta remarca que “nadie pone en duda el carácter municipal de la basílica, pero es preciso abrir una vía de diálogo con el Obispado para firmar un convenio de uso de la basílica”, como planteó en el pleno la portavoz socialista, Amparo Marco. En ese convenio se regularía también la propiedad del patrimonio existente en el edificio. “El Obispado sería receptivo al diálogo”, indica la concejala socialista.

“El Ayuntamiento de Castellón está efectuando un recorte abusivo del personal asignado a las fuerzas de seguridad y emergencias, así como de los principales programas sociales, pero, por otro lado, mantiene un gasto corriente descontrolado y sin sentido”, afirma Puerta. “La actividad religiosa no es propia de la Administración lcoal y debe ser costeada por la Iglesia católica, que ya cuenta con la aportación de relevantes ingresos estatales”.