Sales: ”Los testigos apuntan a que la Sala de Emergencias no funciona como establecía el contrato, sigue sin estar unificada la Policía, Bomberos y Tráfico”
“En las comparecencias no queda claro que hubiera una reunión oficial, nadie le pone fecha ni lugar, en la que los departamentos competentes, supuestamente, acordaran la externalización del contrato”
La concejal y representante del Grupo Municipal Popular en la Comisión de Investigación de la contratación para la reforma de la Sala de Emergencias de la Policía Local, Vicent Sales, asegura que los testigos apuntan a que la Sala de Emergencias no funciona como establecía el contrato, “sigue sin estar unificada la Policía, Bomberos y Tráfico como se pretendía con la reforma”.
Este viernes han comparecido como testigos el Director de Modernización y Calidad y el Jefe de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Tras las contestaciones de ambos funcionarios y teniendo muy presentes las conclusiones de la prueba pericial, que constatan deficiencias en el procedimiento que se siguió para adjudicar la reforma de la Sala, que lleva costados 1,5 millones de euros a los castellonenses y sigue sin funcionar como debería, Sales cree necesario seguir indagando en la toma de la decisión que llevó a contratar a una empresa externa, Alt 165, sin actividad declarada, para redactar unos pliegos, que acaba siendo la misma que valora las ofertas y adjudica la reforma a la firma Eurocop que resulta que está ubicada en su mismo barrio de San Lorenzo del Escorial.
“En las comparecencias no queda claro que hubiera una reunión oficial, porque nadie le pone fecha ni lugar, en la que los departamentos competentes, supuestamente, acordaran la externalización del contrato, por lo que se sigue apuntando al órgano gestor, al área de seguridad”, añade Sales.
Y ha destacado que ambos comparecientes han asegurado que en el caso de externalizar pliegos, no se ha dado nunca que la empresa que redacta los pliegos sea la misma que acaba adjudicando el contrato.
En este sentido el concejal del PP insiste en que de confirmarse finalmente que hubo irregularidades, “alguien tendrá que asumir responsabilidades”. Y añade: “Los castellonenses merecen saber la verdad sobre un proceso de adjudicación que podría incurrir en malversación de fondos públicos”.
Y sin obviar que todavía está por aclarar la contratación que hizo el gobierno de Amparo Marco de las cámaras de videovigilancia, las cuales a raíz de haberse recepcionado la Sala de Emergencias en abril de 2017 tendrían que haber puesto cara a los asaltantes de la azotea del Ayuntamiento en la víspera del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.