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El PP respalda una moción socialista en la que se denuncia el agravio de la Generalitat con Castellón y se califica de “atentado patrimonial” el paso del Tram por el Ribalta

El PP respalda una moción socialista en la que se denuncia el agravio de la Generalitat con Castellón y se califica de “atentado patrimonial” el paso del Tram por el Ribalta
  • El portavoz socialista, Juan María Calles, alerta de que si Gumsa paga los proyectos del trolebús se podría estar cometiendo una prevaricación y malversación de fondos

El grupo municipal popular ha votado a favor de una iniciativa presentada por el PSPV en el pleno en la que se denunciaban los agravios de la Generalitat Valenciana hacia Castellón, así como las repercusiones negativas que para la Administración municipal tiene la falta de liquidez del Gobierno autonómico. Con su voto a la declaración institucional, el PP ha asumido el texto íntegro, en el que las obras en el parque de Ribalta se tachan de “atentado patrimonial” y se rechaza que la empresa municipal Gumsa asuma el pago de los proyectos del trolebús.

El portavoz socialista, Juan María Calles, ha defendido la propuesta para “impedir” que el Ayuntamiento asuma el pago de los proyectos técnicos del Tram. Calles ha afirmado que “es la Generalitat Valenciana la que debe costear la implantación del transporte público aquí, igual que ha hecho en Valencia y Alicante. Es intolerable que el Ayuntamiento de Castellón le tenga que tapar las vergüenzas al Consell, que no tiene ni unos miserables 60.000 euros para financiar los proyectos de Castellón”, afirma el portavoz socialista.

Juan María Calles ha explicado de que “el diseño y la gestión del transporte público son competencias de la Dirección General de Transportes de la Generalitat y que la Gestora Urbana Municipal no es competente, tampoco, para proyectar la implantación del trolebús por el entramado urbano de Castellón”. De hecho, los estatutos de Gumsa no contemplan las actuaciones en materia de transporte. En ese sentido, Calles ha alertado de la comisión de unas presuntas “prevaricación” y “malversación de fondos”, por tomar decisiones a sabiendas de su ilegalidad y por financiarlas con dinero público.

Juan María Calles ha lamentado la “dejadez de responsabilidades” del alcalde, Alberto Fabra, para “evitar que la Generalitat margine a Castellón, otra vez más, y nos quite lo que es nuestro”. “Los castellonenses nos hemos tenido que conformar con un sistema de transporte público que no han querido las otras capitales valencianas, que han optado por el tranvía, y encima tenemos que poner el dinero para poder ponerlo en marcha”, explica.

El grupo socialista se opone a que este Ayuntamiento actúe de escudo del Consell. Ni podemos ni queremos consentir que los altísimos impuestos con que nos castiga este equipo de gobierno se destinen a pagar proyectos que debe asumir la Generalitat Valenciana. Porque estamos avisados de la falta de seriedad, del desdén histórico, del Consell con Castellón”, ha dicho.
En ese sentido, Calles ha recordado que el Ayuntamiento se vio forzado a asumir el coste de la segunda fase de la ronda norte ante la falta de financiación autonómica. El Ayuntamiento adelantó en 2005 los 7,3 millones de euros y el Consell no devolverá el dinero hasta 2011. “Ya estamos escarmentados. No nos fiamos de Camps. No nos fiábamos antes del asunto de los trajes y nos fiamos menos ahora. No tenemos confianza en Camps ni tenemos el Plan Confianza de Camps. Quizá por eso se entienda que el señor vicealcalde se haya pertrechado de un butacón de 1.100 euros para su despacho, porque es conveniente sentarse a esperar a que el Consell cumpla su palabra”, apunta.

Los representantes del PSPV en el consejo de administración de la Gestora Urbana Municipal SA (Gumsa) se opusieron hace una semana a que la empresa municipal anticipe el dinero para redactar los proyectos del trolebús que debía asumir la Generalitat Valenciana. Nueve concejales socialistas han solicitado esta semana un informe a la Intervención General Municipal para que dictamine sobre la legalidad del pago y si se ajusta a las competencias propias del Ayuntamiento.

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